"Son inviables las sociedades inmobiliarias en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, y así lo determinó la Procuraduría Agraria Nacional", destacó Carlos Covarrubias Rendón, integrante del Frente Amplio Opositor y asesor legal de comuneros.
El abogado recordó que a petición del FAO y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Agraria Nacional analizó la legalidad de las sociedades inmobiliarias que desarrolladores y comuneros pretenden crear en la comunidad de San Juan de Guadalupe y determinó que éstas no son jurídicamente posibles.
La respuesta textual de la Procuraduría fue: “La Ley Agraria y sus Reglamentos no prevén y mucho menos regulan, la constitución de sociedades inmobiliarias en ejidos y comunidades, toda vez que, el objeto de las sociedades civiles o mercantiles previstas en la norma citada, debe limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios, requisitos que en la especie no cumple una sociedad inmobiliaria, cuyo objeto es construir, vender, alquilar y administrar viviendas”.
Covarrubias Rendón destacó que las inmobiliarias en tierras de uso común no son posibles, por lo que se dijo confiado en que esta opinión de la Procuraduría Agraria le dará la victoria a sus representados, “esta opinión es histórica, determinante, y le corta a los desarrolladores cualquier intento de formar esta asociación” con la que se busca constituir los proyectos inmobiliarios Reserva y Espacios en el Horizonte.