En caso de concretarse la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa preventiva, no solamente se violarán los derechos humanos con detenciones injustas y arbitrarias, sino que las cárceles del país se convertirán en auténticas fábricas de delincuentes, dijo el diputado Edgardo Hernández Contreras.

También es muy preocupante que, al catalogar “delitos” como la corrupción y el fraude electoral, se pueda perseguir con facilidad a los enemigos del sistema, a los adversarios políticos, a quienes critiquen al Estado y mientras “se investiga” estarán en prisión esperando una resolución.

En su calidad de abogado que trabajó en la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría, consideró que es una reforma que no debe proceder porque serviría al Estado para reprimir a los adversaros, incluyendo delitos como el fraude electoral o la corrupción, que son demasiado ambiguos.

“El agente del Ministerio Público tiene la facultad de dictar prisión preventiva en ciertos temas, después de la investigación si existe riesgo fundado de que el inculpado se pueda sustraer de la acción de la justicia, en fin, hay muchas peculiaridades y el nuevo sistema de justicia penal se creó por eso”.

Señaló que antes la prisión preventiva era casi de oficio, si no se podía garantizar la fianza, era un exceso, una fábrica de delincuentes, de corrupción y nuevo sistema de justicia se crea para despresurizar las cárceles, porque había personas privadas de su libertad por delitos que no ameritaban prisión pero no garantizaban la reparación del daño.

Hernández Contreras expuso que la falta de operadores, de policías ministeriales, de agentes del Ministerio Público y magistrados que no saben operar el sistema, es lo que ha fallado, pero ampliar el catálogo de delitos para la prisión oficiosa es volver a lo anterior, al sistema tradicional, es un retroceso.

Puntualizó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado para evitar la prisión preventiva y “por eso lo vemos mal, no estamos de acuerdo en los delitos de corrupción, fraude electoral, se atenta contra la presunción de inocencia y se le da una herramienta al Estado para la represión”.

Leer más de El Sol de San Luis