Prevén derrama de 200 mdp por regularización de autos “chocolate” en SLP

San Luis Potosí recibirá una derrama económica de más de 200 millones de pesos por concepto de la legalización de vehículos de procedencia extranjera, estimó la presidenta de la asociación de Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP) Elizabeth Gómez Suárez.

El 30 de septiembre concluirá el decreto del programa que autorizó el gobierno de México, que permitió regularizar vehículos usados de procedencia extranjera en el país, mismo que tuvo una vigencia del 1 de enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024.

Al respecto, Gómez Suárez destacó que la derrama económica que llegará al estado superará los 200 millones de pesos, con una cifra estimada de 65 mil vehículos de procedencia extranjera ya regulares que al momento estaban en San Luís Potosí, cálculos que fueron más allá de su expectativa en los últimos dos años.

Expuso la dirigente de la CTLP, que desde campesinos, estudiantes, trabajadores, profesionistas y hasta funcionarios, se vieron beneficiados con este decreto que culmina en 40 días, ya que con ello se logra formalizar su patrimonio.

Señaló que el hecho de tener más de 30 años de experiencia como asociación civil, permitió ofrecer a los agremiados de la CTLP asesorías jurídicas, gestoría, transparencia y certeza legal en cada trámite, por lo tanto reconoce el esfuerzo y apoyo de los tres niveles de gobierno, principalmente al gobernador que ofreció todo el apoyo logístico a los interesados.

Aclaró que se obtuvieron beneficios de regulación en más del 65 por ciento de los solicitantes, y que las cifras de unidades no formales que aún no aprovechan esta oportunidad aumentará derivado de que siguen entrando al estado más vehículos, a la vez recordó que aún faltan trámites qué cumplir en organizaciones como la suya.

La dirigente de CTLP, recordó que en el país se han emitido al menos siete decretos de regularización desde 1991 y vendrán más, por lo que pidió a los gobernadores ser más estrictos con el personal que maneja los procesos de recaudación en cada trámite, para evitar el coyotaje, el robo de dinero y documentos, así como el incremento ilícito de costos en trámites abusando de la ignorancia de muchos solicitantes, como se dio en varias entidades, incluyendo la potosina.