Los indígenas que son detenidos por las autoridades tras verse involucrados en algún tipo de ilícito no tienen traductores ni la asesoría legal suficiente y necesaria para hacer frente a su situación jurídica, lo que hace necesario exigir a las autoridades que tomen medidas, señaló la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, diputada Rosa Zúñiga Luna.

“Hasta el momento se tienen detectados tres casos de personas indígenas detenidas a las que no se les brindó un traductor durante su proceso penal, pero hay muchas otras situaciones de esta naturaleza, porque es algo muy común que no se invierta para otorgarles condiciones legales de defensa como a cualquier persona, pues no se trata de privilegios sino de un derecho”, dijo.

Destacó que se deben brindar medidas de protección y garantía a los derechos de los indígenas, ya que, al no brindar mecanismos efectivos de justicia, se está dejando en situaciones de vulnerabilidad a niñas, niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, quienes muchas veces dependen económicamente del detenido.

Puntualizó que “es inadmisible que se esté avanzando hacia un nuevo sistema de justicia penal y que existan juicios orales sin poder garantizarles a las personas indígenas la forma en que se puedan comunicar asignándoles un traductor”.

Es una realidad que las personas indígenas tienen muchas necesidades, pero en términos de justicia la situación se complica porque, de entrada, en muchas ocasiones desconocen los delitos que se les imputan ya que no hay traductores y ellos no entienden el español, lo que definitivamente representa un problema.