Presidentes municipales de la zona media y huasteca se reunieron con diputados para sumarse a la difusión de la convocatoria para la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes.
El legislador José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que se busca construir un marco legal moderno en estos temas, donde se represente la opinión de los pueblos y comunidades indígenas del estado, y que derive en leyes más eficientes, que resuelvan las necesidades de todas y todos.
Se informó que según la Convocatoria, la consulta se desarrollará en 72 sedes en 23 de los 24 municipios que estarán dentro del proceso de consulta, además de las 66 comunidades indígenas que componen el municipio de Tanlajás.
Se realizarán 4 foros: con la comunidad náhuatl en el municipio de Matlápa,; con la comunidad Téenek en el municipio de Tancanhuitz; con la comunidad Xi ´Oi en el municipio de Rayón; y con la comunidad afrodescendiente en el municipio de San Luis Potosí.
El presidente municipal de San Martín Chalchicuautla, Luis Fernando Herbert destacó la importancia de estas consultas entre los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para hacer leyes de beneficio para todos los sectores de la sociedad.
Francisco Joel Limas Rivera presidente municipal de Tamuín, señaló que en esta demarcación se cuenta con 14 comunidades indígenas que durante mucho tiempo han pugnado por ser escuchados en sus propuestas, “y estamos trabajando haciendo la difusión para que las comunidades participen para traer sus propuestas”.
Roberto Cruz Hurtado, presidente municipal de Coxcatlán destacó la importancia de realizar este ejercicio, ya que cerca el 90 por ciento de la población del municipio pertenece a alguna comunidad indígena, donde una de las propuestas más sentidas ha sido el poder contar con traductores en materia de justicia, ministerios públicos, jueces y defensorías sociales.
Luis Alberto Abundis Rangel, presidente municipal de Tamasopo destacó la importancia de estos ejercicios de consulta, para que las comunidades indígenas puedan expresar sus opiniones y con ello, lograr marcos normativos que tengan beneficios para la población de estas zonas.