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Este viernes la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, rindió su primer informe de labores, en donde destacó entre las principales acciones, las medidas sanitarias y jurídicas realizadas ante la pandemia, la modernización tecnológica y la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.
En su mensaje, la magistrada García López destacó que por vez primera, los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura sesionaron de manera conjunta y adoptaron mediante acuerdos, medidas de prevención sanitarias y lineamientos de actuación administrativos y jurisdiccionales, a efecto de ponderar un equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho de acceso a la justicia.
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Mencionó que en el Sistema Penal Acusatorio, se celebraron las audiencias a puerta cerrada a fin de mantener el sano distanciamiento o mediante videoconferencias, siendo los Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral de este Poder Judicial de los primeros en el país en sesionar bajo esta modalidad.
En el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ingresaron a los centros de justicia penal, salas sede y base en el estado, un total de 976 causas penales y 1,500 expedientillos; se llevaron a cabo un total de 3,151 audiencias presenciales y 1,156 por videoconferencia.
Durante el periodo de confinamiento, se realizaron acciones para atender con prontitud las solicitudes que se plantearon, especialmente por mujeres que vieron afectados sus derechos humanos, ante lo cual, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), avaló al Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, como uno de los que cumplió con todas y cada una de las cuestiones relacionadas al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Con el propósito de consolidar un Poder Judicial que cumpla el principio de paridad, por primera vez, se impulsaron acciones afirmativas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y trato igual, como lo fueron las convocatorias emitidas para las categorías de carrera judicial del sistema de justicia laboral.
Ante el Juez Especializado del Primer Distrito Judicial, se dictaron 180 órdenes de protección de emergencia y preventivas en favor de las mujeres, con independencia de las emitidas por los juzgados familiares.
En los distintos juzgados se recibieron más de 26 mil asuntos y se dictaron más de 9 mil resoluciones; 288 mil acuerdos en materia civil, mercantil, familiar y penal del sistema tradicional.
Respecto a la vigilancia de la actuación de las y los servidores públicos que integran el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, instauró 55 procedimientos administrativos en los que se sancionó a 20 servidores públicos con diferentes medidas, entre ellas, 2 destituciones.
En relación al desarrollo tecnológico, se adecuó el buzón electrónico para agilizar la recepción de demandas y promociones, de tal manera que en los primeros tres meses del año se recibieron 24 solicitudes en las materias civil, familiar y mercantil, mientras que en el periodo de abril a octubre, se recepcionaron 7 mil 341, lo que representó un incremento del 305 por ciento; se crearon 2,380 nuevas cuentas para usuarios, y se redujo en más de 21,200 los trámites que anteriormente sólo se podían hacer de manera presencial y se implementó el Sistema Informático de Gestión Laboral (SIGEL), desarrollado cien por ciento por el Departamento de Informática del Poder Judicial del Estado, para la gestión de expedientes electrónicos.
En el tema de mejoramiento a la infraestructura, durante este año, se inauguró el Centro Integral de Justicia Penal de la Tercera Región en Rioverde, el cual alberga dos salas de audiencias y diversas áreas, con lo que se garantiza una justicia pronta y expedita en instalaciones dignas y seguras; también, se inauguró el Centro de Convivencia Familiar en la capital, con el objetivo de garantizar el derecho de la niñez y adolescencia a una sana convivencia, en un entorno neutro y funcional.
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