Presentan propuesta para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos

Los días 8 y 9 de noviembre será cuando se de una respuesta a la petición

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

  · miércoles 2 de noviembre de 2022

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Bajo la consigna de que la prevención también es protección al ejercicio del Periodismo y de Defensores de Derechos Humanos, los representantes periodistas al interior del Mecanismo Estatal de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, destacaron la necesidad de que asigne recurso para el Mecanismo en el presupuesto de 2023.

Los representantes periodistas al interior del Mecanismo Estatal de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, María José Puente Zavala y Samuel Antonio Estrada Rodríguez, destacaron que el Mecanismo debe implementar estrategias preventivas, actividades formativas y de socialización de derechos; campañas de difusión e incluso facilitar la contratación de servicios especializados para el cumplimiento de los objetivos, entre otras cosas, por lo que es necesario que se le asigne recurso dentro del presupuesto estatal de 2023.

Debido a ello, el pasado 28 de septiembre, durante una reunión entre el secretario general del gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, con integrantes del gremio periodístico de las diferentes zonas del estado, le fue entregada una solicitud por escrito para que en el Presupuesto de Egresos 2023 se asigne una partida para la operatividad del Mecanismo de Protección.

El 13 de octubre, durante sesión extraordinaria del Mecanismo, el presidente suplente, Ángel Santiago Hernández, subsecretario Jurídico y de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, informó a las y los integrantes que será destinado un presupuesto de 3 millones de pesos al Mecanismo para 2023, pero también indicó que dichos recursos únicamente podrían destinarse al Fondo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, es decir, para la implementación de medidas de protección.

En ese sentido, señalaron que si bien se reconoce la voluntad de la Secretaría General de Gobierno, es necesario que se incluya la parte de la prevención, que la propia Ley señala como una obligación del Estado “en aras de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, y periodistas, así́ como para combatir las causas que las producen”.

Por ello, se hizo la solicitud formal y por escrito a las autoridades competentes para que en la propuesta de presupuesto para el Mecanismo no sólo se contemple el Fondo de Protección; es decir, que no solo se destinen recursos a la estrategia de reacción que se pone en marcha cuando las y los periodistas ya fueron agredidos o están en riesgo de ser víctimas de algún ataque a su integridad o la de sus familias derivado de su ejercicio periodístico; sino que también se contemple una estrategia de prevención.

El 31 de octubre tuvo lugar una reunión presencial con el Subsecretario de Derechos Humanos y con José Roberto Reyna Sánchez, nuevo coordinador de la Unidad de Protección del Mecanismo, en donde se les expuso la solicitud y se les hizo saber la importancia de que San Luis Potosí se sume a los pocos estados que a nivel nacional contemplan presupuesto para sus Mecanismos de Protección.

Ambos funcionarios mostraron apertura e hicieron el compromiso de analizar la solicitud, tanto con el propio Secretario General de Gobierno, como también con los entes administrativos de la Secretaría de Finanzas encargados de elaborar el proyecto que se presentará al Congreso del Estado; además, se comprometieron a tener una respuesta entre los días 8 o 9 del mes en curso.

Finalmente, insistieron en que no se trata de perseguir una concesión graciosa o de imponer un capricho, sino que esta solicitud tiene como base lo que la propia Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas del Estado de San Luis Potosí establece, así como también el conocimiento sobre las experiencias de otros mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos de distintas entidades a nivel nacional, e incluso del propio Mecanismo federal, por lo que se espera una respuesta positiva por parte del gobierno estatal.