La cancelación del proyecto de remodelación y reforzamiento de la presa San Antonio, pondría en riesgo a por lo menos mil 500 habitantes de la comunidad El Arroyo. El vaso de captación tiene cerca de un siglo de haber sido construido.
Así lo dio a conocer el titular de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Medina Salazar, quién añadió otra afectación es la pérdida de los recursos gestionados, del orden de los 35 millones de pesos.
El funcionario estatal consideró que las autoridades ejidales de Arroyos ponen en riesgo a su comunidad, al no permitir la reparación de la presa ubicada en la comunidad del Aguaje.
El problema es tiene recursos federales destinados a su modernización, y los trabajos podrían quedar varados tras un recurso de amparo tramitado por autoridades ejidales.
Explicó que la intervención es para el fortalecimiento y sobreelevación de la cortina, y los recursos están financiados con recursos del Fondo Regional, por 34.5 millones de pesos, de no llevarse a cabo esos trabajos, “estaríamos obligados a devolverlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
De igual forma destacó que hay dictámenes favorables de Protección Civil, así como el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al tratarse de una presa histórica, el proyecto consideró utilizar mampostería en la cortina para su refuerzo.
Aunque autoridades del comisariado ejidal de “Arroyos, Joya de San Elías” interpusieron un juicio de amparo contra esa obra de infraestructura por supuestas afectaciones en sus derechos sobre el agua, indicó, “les hemos dicho que no es así, ellos conservarán esos derechos, sin embargo mantienen una postura negativa, es preocupante porque la obra es indispensable”.
Una de las principales afectaciones que quedarían solventadas es las inundaciones que se presentan en localidades cercanas como La Pila, El Aguaje y una parte importante de la Zona Industrial.
El titular de la Comisión Estatal del Agua detalló que los trabajos consideran el reforzamiento de la cortina, cuya antigüedad de más de 100 años, demandan su modernización; así como una sobreelevación para que aumente su capacidad de almacenamiento.
Finalmente, Medina Salazar afirmó que ese volumen de agua adicional también quedaría como derechos de los ejidos, “buscaremos el diálogo con la comunidad para que quede claro que la obra es en beneficio de la población y en ningún momento se les quitarán derechos sobre el agua que por decreto les pertenece”, concluyó.