Posponen entrada en vigor del "impuesto Ambiental" hasta pasar elecciones

Será hasta después de que concluya el proceso electoral, el próximo 2 de junio, cuando finalmente dé inicio la aplicación del Impuesto Ambiental, tributo que busca sancionar a las industrias y empresas contaminantes en San Luis Potosí.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien añadió que desde el Congreso del Estado se determinarían los lineamientos para su cobro.

El funcionario estatal recordó que, a través de un articulado transitorio de la Ley de Ingresos del estado ejercicio 2024, se había fijado el primero de abril como plazo para la entrada en vigencia del nuevo gravamen, sin embargo no será así.

Asimismo justificó la necesidad de ese impuesto debido a los impactos que ocasionan justamente al ambiente, las emanaciones generadas por el calentamiento y la falta de lluvia, entre otros.

No precisó una fecha específica para que concluya la prórroga, aunque reconoció que el tema será pospuesto hasta después de que concluya la jornada electoral, esta decisión también busca que no sea utilizado como un ariete político durante el desarrollo de las campañas políticas; otra parte fundamental es que en ese lapso podrá llevarse a cabo un trabajo más amplio de socialización.

Mientras tanto, dijo, se trabajará en el desarrollo de las reglas de operación del nuevo impuesto ambiental, como es el formato de cobro, la forma de hacerlo y los usos de los recursos captados.

El encargado de la política interna en el estado añadió que la reglamentación secundaria permitirá además que la aplicación no sea susceptible de ser recurrible mediante algún instrumento jurídico.

Ante esto, señaló, es que la actual administración decidió prorrogar hasta después del proceso electoral la activación del citado impuesto, para gravar las emanaciones contaminantes generadoras de gases efecto invernadero.

Finalmente, Torres Sánchez celebró que, de manera simultánea, un grupo de diputados locales vaya a trabajar en el armado jurídico de las reglas de operación, lo que fue uno de los principales reclamos de la iniciativa privada al darse a conocer la propuesta.