Posibilidad de colapso en Fondo de Pensiones se advirtió desde 2015

La Secretaria de Finanzas reveló que el último estudio que se realizó data del gobierno de Marcelo de los Santos (2003-2009), en donde se estimó un periodo de vida del fondo hacia 2020

Emanuel Landeros / El Sol de San Luis

  · sábado 19 de octubre de 2024

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Una de las estrategias que han sido perfiladas para comenzar con el saneamiento de la Dirección de Pensiones del Estado es la elaboración de nuevos estudios actuariales que permitan identificar el estatus puntual del organismo responsable de resguardar los recursos obtenidos a través de las aportaciones hechas por la burocracia y el gobierno.

Así lo anunció la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal quien reveló que el último estudio actuarial que se realizó data del gobierno del panista, Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009) hace más de 15 años.

Desde entonces se advirtió acerca de la posibilidad de un colapso en el Fondo de Pensiones que correspondía al sector telesecundarias y se estimó un periodo de vida hacia finales de la década del 2020 y los primeros años del 2030.

Se trata de los recursos que corresponden a la burocracia, maestros y de la propia Dirección, lo que la convierte en una situación muy compleja, opinó la titular de Finanzas.

Asimismo añadió que, a pesar de que no se ha definido la instancia o empresa que realice ese estudio actuarial, ni cuándo se llevará a cabo, “este es indispensable para elaborar estrategias y encontrar alternativas al problema que se enfrenta en Pensiones, principalmente el déficit de recursos”.

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Finalmente García Vidal refirió que, desde la propia Dirección de Pensiones, se ha advertido la quiebra técnica en la que está inmersa, “misma que tiene su origen en que las aportaciones hechas, tanto por los trabajadores como por la administración gubernamental, son insuficientes contra lo que debe pagarse en pensiones y jubilaciones año con año, cuyos montos son mucho mayores contra el ingreso”.

Una reforma legislativa que promovió la administración gubernamental a inicios del año, busca que los derechos pensionarios de los trabajadores sean cubiertos desde los presupuestos anuales de cada una de las dependencias gubernamentales.