Por ley, violentadores y deudores alimentarios no podrán asumir cargos públicos

En reunión de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, se aprobaron dictámenes que reforman diversas leyes, con el fin de evitar que personas que hayan ejercido violencia familiar, sexual, en razón de género, o que incumplan en sus obligaciones alimentarias, asuman cargos públicos.

Mediante estas reformas, se establece que los titulares de las secretarías y del gabinete de la administración estatal, así como de organismos autónomos no deberán estar en los supuestos de: tener sentencia condenatoria que haya causado estado por violencia familiar o delitos contra las mujeres por razón de género; tener sentencia condenatoria que haya causado estado por delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual, y el normal desarrollo psicosexual; o estar registrado en el padrón de personas alimentarias morosas, o en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimentarios.

Dichos dictámenes reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; de la Ley de Atención a Víctimas; de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; de la Ley de Mediación y Conciliación para el Estado; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; de la Ley Electoral del Estado; de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado; de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí.

Además, a la Constitución Política del Estado, para incorporar los mismos requisitos para ocupar cargos de Gobernador del Estado, Diputado, Magistrado del Poder Judicial del Estado, Consejero de la Judicatura Federal y Presidente Municipal.

El diputado José Luis Fernández, presidente de la Comisión de Gobernación, manifestó que el Congreso del Estado, como parte de su agenda, ha incorporado los temas de erradicación de la violencia contra las mujeres, y para la protección de menores de edad, protegiendo su derecho a alimentos por parte de sus progenitores.

“Tenemos esta agenda, que es coincidencia de los Grupos Parlamentarios para fortalecer la práctica de alimentos de los hijos en los casos de separación, es un reclamo histórico y por eso hemos diseñado una serie de normas que tienen que ver con sanciones y medidas para fomentar que esta práctica no se siga repitiendo, y fomentar el pago puntual de las obligaciones alimentarias”.

Los dictámenes respectivos serán turnados al Pleno del Congreso del Estado para su votación.