Aunque supondría un costo de entre mil 500 y dos mil millones de pesos para el gobierno, existe la posibilidad de retirar a la concesión de la Autopista 80 a la empresa Coconal-Coinsa.
Otra opción es entregar la concesión a otra empresa, bajo mejores condiciones; confirmó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, al tiempo de asegurar que el Estado podría recuperar esa cantidad en tres años.
La operación de la autopista deja a la concesionaria ganancias hasta de 500 millones de pesos al año, dijo, mientras entregan como rendimiento apenas dos millones 700 mil pesos la administración gubernamental.
El mandatario estatal calificó lo anterior como “un atropello”, ya que la citada empresa cobra 20 pesos a los trabajadores que diariamente acuden a realizar sus funciones laborales en alguna de las empresas instaladas en los parques Logistik o WTC, donde tienen instaladas casetas de pago.
El esquema de operación de ese título de concesión fue hecho para que el ingreso a las arcas estatales fuera mínimo, "mientras por debajo del agua se hacían depósitos millonarios a exgobernadores”, acusó.
Por su parte, el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, reveló que se analiza a fondo un esquema para recuperar la concesión de la autopista 80 Coconal-Coinsa.
De esta manera, indicó, podremos eliminar el cobro de paso por dicha carretera, que perjudica a las empresas, pero sobre todo a las y los trabajadores de la Zona Industrial.
Refirió que la citada concesión inició en el año 2000 “su vigencia es por 35 años y todos los que trabajan en el parque Logistik y WTC deben pagar 20 pesos diarios, esto es una grave afectación para la clase trabajadora de San Luis Potosí”.
Actuaremos en favor de las y los afectados, para generar las condiciones idóneas e incentivar nuevas inversiones en la entidad, dijo, “limitar el paso por esta importante conexión con otros puntos de la Zona Industrial le resta competitividad económica a San Luis Potosí”.
Finalmente, el encargado de la política interna en el estado dio a conocer que se analizan todos los aspectos jurídicos de la concesión para modificarla o en su caso revocarla.
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