Al menos tres mil 500 empresas de seguridad privada que operan de manera clandestina en el país, así como las policías auxiliares y complementarias de los estados, serán reguladas mediante la Ley General de Seguridad Privada.

Se espera que esta regulación sea presentada a finales de agosto en el Congreso de la Unión, adelantó el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos.

El representante de dicho organismo explicó que actualmente más del 56% de empresas de este sector operan fuera de la ley y provocan pérdidas millonarias para el Estado, derivadas de la evasión de pago impuestos y cuotas patronales.

“Es una cifra muy variable, pero vamos a pensar que una empresa vende un servicio donde la facturación es de 100 mil pesos pero es una factura que no está completa, porque no paga el seguro social, ni el Impuesto Sobre la Renta conforme al sueldo verdadero que tienen sus elementos de seguridad, entonces la recaudación para el gobierno es de un 38% menos”, ejemplificó el Lic. Sapién.

Agregó que el impacto de las empresas apócrifas no sólo es económico, sino que tiene un “efecto cascada”, pues al no ser profesionales, incumplen con el pago de impuestos porque no son fiscalizables ni auditables, pero además, no brindan beneficios laborales a sus trabajadores, no les ofrecen la capacitación necesaria y por ende ofrecen servicios de baja calidad, indicó el especialista en temas de seguridad.

Sapién señaló que actualmente es imposible censar cuántos elementos de seguridad trabajan en la clandestinidad, es decir que no están capacitados para operar ni cumplen con los requisitos legales para brindar sus servicios, tales como carta de antecedentes no penales y registro ante la Dirección General de Seguridad Privada federal o estatal, lo que aumenta el riesgo de que puedan aliarse con la delincuencia organizada para cometer delitos.

Finalmente recordó y lamentó el caso de elementos del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), quienes fueron confundidos con elementos de seguridad privada cuando custodiaban un cargamento de 7 millones de municiones en Guanajuato, el cual fue robado por parte de uno de los carteles más peligrosos del país y planeado por gente que conocía el valor de la carga.