Desde hace varios años, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) tiene algunos pagos pendientes frente a más de 3 mil 500 agentes del Ministerio Público, quienes desesperados por el incumplimiento, decidieron protestar el lunes pasado a las afueras de la dependencia en que laboran. Se trató de personal administrativo y hasta operativo, quienes se apostaron en la Avenida Eje Vial de esta capital potosina para hacer constar lo que está sucediendo y pedir que las autoridades asuman su responsabilidad para con ellos. Después de su protesta acordaron negociar en los próximos días.

La Asociación de Ministerios Públicos, Elementos Investigadores, Científicos y Preventivos, que encabeza Adriana Moya Méndez, fue la que ha estado acompañando al personal que ha denunciado en contadas ocasiones que se les deben sus prestaciones laborales. Incluso el año pasado en pleno 31 de diciembre denunciaban varias problemáticas que los han afectado por muchos años.

Los quejosos son personal activo de la Fiscalía como secretarias, auxiliares, ministerios públicos, peritos, y policías que denuncian que el administrador de la institución César Isidro, no quieren hacer la dispersión de los recursos que les adeudan, como burócratas tienen conocimiento que la institución sí cuenta con presupuesto, pero su falta de sensibilidad ha provocado que se mantengan en disputa con él.

Se desconoce cuánto presupuesto se les debe en total, pero es mucho el recurso que se les adeuda, ya que además de la falta de salarios, también tienen pendientes con el personal de seguridad y custodia a quienes se les debe un incremento salarial y el seguro de gastos médicos, porque tampoco cuentan con ellos.

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Sobre este tema, también habló, Edgardo Hernández Contreras, exdiputado local del Partido Verde Ecologista de México y especialista en temas de seguridad, quien refiere que cuando se trata de atender las necesidades de los trabajadores que se encargan de proteger a los potosinos, deben ser prioridad para las administraciones de los diferentes ámbitos gubernamentales, toda vez que ellos están en constante riesgo y ofrecen su vida para que los potosinos tengan paz en los diferentes entornos en los que se desenvuelven.

“Debe ser una prioridad el pago a sus percepciones, pero además es un justo reclamo laboral por ellos y por sus familias”.

Los funcionarios se apostaron afuera de la Fiscalía General del Estado, después de las 15:00 horas del lunes 30 de septiembre, a todo pulmón clamaban por sus derechos económicos, y argumentaron que de continuar con la cerrazón en torno a asumir sus obligaciones ante la base trabajadora, no solamente pretendían cerrar las calles, sino que en la desesperación quieren tomar las instalaciones de la dependencia que dirige Manuela García Casares, que cabe añadir, no salió a atender a los que se estaban manifestando en este inicio de semana.

Este martes 1 de octubre, Adriana Moya Méndez, la titular de la Asociación de Ministerios Públicos, Elementos Investigadores, Científicos y Preventivos, informó que se dialogó con autoridades del Gobierno del Estado, quienes les prometieron sostener una reunión este próximo jueves 3 de octubre en punto de las 12:00 del día, con el oficial mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez, con la nueva Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, Ariana García Vidal, y con el Contador Administrativo de la Fiscalía General del Estado, así como con personal de la Subsecretaría de Gobierno, para definir cuándo se pueden hacer los depósitos de la deuda que se tiene para con ellos.