Unos 700 trabajadores del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación, acordaron regresar a trabajar bajo protesta el próximo lunes 4 de Noviembre tras haber iniciado un movimiento de protesta el 19 de Agosto por la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, informó su representante Roberto Vega Turrubiartes.
En entrevista con El Sol de San Luis, dijo que esto no significa que abandonen la lucha ni que acepten la reforma impulsada por el oficialismo, por lo que no descartan que en el corto plazo se tomen otras medidas de protesta incluyendo retomar el paro de labores, porque seguirán defendiendo su derecho.
“Sin desconocer la circular que emitió el Consejo de la Judicatura Federal de retomar actividades, consideramos que es un movimiento de trabajadores y es la base trabajadora la que decide cuando concluye, así como decidió cuándo inició; la decisión de reintegrarse el próximo lunes, se comunicó a las personas juzgadoras de cada órgano”.
Señaló que, en virtud de las condiciones que prevalecen, las y los trabajadores cumplirá su jornada laboral completa pero una vez terminada ésta, recurrirán a la desconexión digital, es decir, no se responderá ningún tipo de mensaje o llamada para atender cuestiones laborales; ”sacrificamos siempre tiempo, a la familia y nunca se nos reconoció”.
Dijo que cualquier rezago que se acumule por esta decisión, será responsabilidad de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y del oficialismo en general, porque ellos ocasionaron esta situación con una reforma que acaba con el Poder Judicial, es retrógrada y afecta a todos los trabajadores que siempre se esforzaron por crecer laboralmente.
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“Hacemos patente nuestra profunda preocupación por el deterioro y franco rompimiento del Estado de Derecho en México, propiciado por las nocivas reformas constitucionales y legales del oficialismo que ya fueron aprobadas y las que son inminentes, tales como la reforma a la Carta Magna relacionada con la inimpugnabilidad de normas, la reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales que prevén la procedencia, principios y requisitos de los medios de control de constitucionalidad de los actos de autoridad en el país, como son las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el juicio de amparo, así como la modificación de la normativa secundaria referente a la función judicial, todas ellas en detrimento de las personas justiciables, pues significan la pérdida o restricción de medios de impugnación para la defensa de sus derechos humanos”.