Por mayoría de 24 votos, el pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda que avala la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo, para que los propietarios de vehículos cuyo valor incluyendo el IVA sea de hasta 500 mil pesos, no paguen los derechos previstos para la dotación de placas.
Tratándose de vehículos usados deberá tomarse en cuenta el factor de depreciaciónprevisto en la Ley, para calcular su valor. La reposición de placas para el servicio público y particular debe realizarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de extravío a la autoridad correspondiente, debiendo pagar 20 veces el valor de la UMA vigente.
El coordinador del GP del PRI Mauricio Ramírez y el diputado del PAN Juan Francisco Aguilar, propusieron que se quitara el límite del valor de la unidad para obtener el beneficio, pues aparte de discriminación, se deja fuera a quienes generan fuentes de empleo y desarrollo y tienen unidades para trasportar personal o materia prima que cuestan mas de medio millón de pesos, pero no prosperó.
Para el caso de los propietarios de remolques, y así como de motocicletas y motonetas hasta de 350 c.c. de cilindro, no pagarán los derechos previstos para la dotación de placas.
La exposición de motivos señala que existe obligación de efectuar canje de placas cada tres años, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Fue una contribución que al menos por 23 años ha presentado una carga negativa e impositiva para los potosinos, que cuando menos debió destinarse para mejorar la infraestructura vial o urbana en el territorio del Estado, o en cubrir necesidades públicas básicas, como educación, seguridad, o desarrollo social, sin embargo, las condiciones de nuestro Estado no lo reflejan.
La política de recaudación en el Estado, requiere de constantes y permanentes ajustes, basados en el equilibrio de los ingresos y el gasto público, respetando en todo momento que no haya afectaciones en el manejo de programas sociales, ni incidencias de cobros excesivos para la población.
Por lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado, requiere modificar su política de recaudación de impuestos y derechos por los servicios que presta, comenzando con reducir al mínimo la causación del derecho por dotación de placas, establecido en la Ley de Hacienda para el Estado, sin que ello, envuelva un impacto negativo en el presupuesto del Estado, pues su disminución se compensará con una estrategia de ahorro y equilibrio en el gasto público.