El Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de la Obra Pública del Gobierno del Estado analizará los procesos a los que recurren con mayor frecuencia las dependencias públicas para verificar que se cumplan los requisitos, informó Angelina Acosta Villegas, presidenta de dicho organismo ciudadano.

Este miércoles se llevó a cabo la reunión mensual del Consejo Ciudadano de Transparencia, en la cual se presentó un reporte del número de procedimientos que han realizado las dependencias públicas en la modalidad de licitación por invitación restringida y adjudicación directa, así como los montos.

Al respecto, Acosta Villegas indicó que con este ejercicio se busca identificar a qué procedimiento recurren más las dependencias para posteriormente, solicitarles la información que justifique el porqué lo hacen, pues explicó que para llevar a cabo una licitación por invitación restringida o por adjudicación directa, se deben cubrir determinados requisitos.

También indicó que otro de los acuerdos fue “hacer el requerimiento a varias dependencias, de los programas de obra de este año, vamos a pedir que nos ayuden cumpliendo con el conocimiento anticipado de los procedimientos licitatorios que van a llevar a cabo para que el Consejo pueda cumplir con su trabajo de acudir como observador de los procedimientos”.

Igualmente, informó que se hará difusión respecto a las tareas del Consejo Ciudadano de Transparencia para fomentar la participación de la ciudadanía mediante sus denuncias, pues señaló que a pesar de que es conocida la percepción de ilegalidad por parte de la sociedad hacia la contratación de obra pública, el Consejo no tiene denuncias.

Acosta Villegas mencionó que entre las causas de esta ausencia de denuncias, está “el sentir generalizado de que no pasa nada”, el temor de los ciudadanos por ver vulnerada su seguridad si denuncian, además del desconocimiento respecto a que existe un organismo ciudadano que tiene atribuciones para investigar y turnar los casos documentados a las autoridades facultadas para sancionar.

Que no se tengan antecedentes donde las autoridades legalmente competentes hubieran reaccionado o actuado mediante el ejercicio de sus facultades y de la ley para efectos de sancionar esos casos tan evidentes o tan sonados, incide en el ánimo de denunciar o no denunciar