El sistema de justicia le falló a Sanjuana, víctima de un constructo estructural repleto de violencia, y quien, pese a ser inocente y enfrentarse a diversas irregularidades en el proceso de su defensa y sentencia, fue condenada de manera injusta a prisión.
Por ello, este jueves el equipo litigante de Perteneces A.C. que brinda acompañamiento legal a Sanjuana y la familia de esta madre de dos niños, quien lleva 15 años en prisión, solicitaron el indulto al Poder Legislativo local, para garantizar su derecho a la libertad y la justicia.
Sanjuana fue detenida en medio de actos de abuso de poder por autoridades federales, que sin presentar una orden de detención o argumentos, la procesaron por un delito contra la libertad personal por el cual era buscado un hombre que era su pareja sentimental.
Pese a las pruebas y testimonios, Sanjuana nunca fue juzgada con perspectiva de género.
Originaria de Charco Cercado, Sanjuana ha pasado varios años de su vida privada de la libertad por un delito que no cometió y que expone las desigualdades que enfrentan las mujeres en las prácticas de justicia, que desdibujan las particularidades contextuales y experiencias vivenciadas asociadas con los hechos que las envuelven en este tipo de situaciones.
“Hoy estamos aquí porque queremos pedir al Congreso del Estado ordene su inmediata libertad, como un acto reivindicatorio y de reparación del daño por las violaciones a derechos humanos, a las desigualdades, a la injusticia y el silenciamiento que ha vivido Sanjuana”, refirió Raquel Charqueño, litigante.
En este sentido, señalaron que el proceso de Sanjuana se encuentra en medio de un contexto de criminalización y de violencias de género estructurales y que bajo un estudio de perspectiva de género ya se le hubiera dejado libre.
“Ponemos en las manos, el expediente y esta solicitud de inocencia a las y los legisladores que se encuentran en el momento para reivindicar las injusticias y estas irregularidades de análisis de contexto, en el caso de San Juana, pues su detención fue ilegal porque no hubo una orden de aprensión, ni hubo flagrancia, porque no estaba realizando ninguna conducta ilícita y a pesar de ello se le detuvo y además sufrió tortura”.
La abogada Raquel Charqueño, también informó que la sentencia de Sanjuana es de 30 años de prisión y se dio en medio la política criminal en el sexenio de Felipe Calderón, frente a un sistema judicial injusto que no consideró las interseccionalidades de la mujer joven, pobre, temerosa, que estaba siendo juzgada.
Por ello se realizó la entrega de cinco tomos sobre la investigación de la detención de Sanjuana ante la Oficialía de Partes de Congreso del Estado, para que así el Poder Legislativo, pues aunque
Esa facultad le corresponde también al Ejecutivo, pero en el caso de San Luis Potosí siempre ha estado otorgada al Poder Legislativo, según lo refiere el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, así como la Ley Orgánica.