/ martes 30 de octubre de 2018

Piden destituir del cargo a quien ejerza violencia política contra la mujer

Se necesitaría armonizar la Ley Electoral para que desde este ámbito también se impongan sanciones, “para que realmente exista castigo a quien agreda a una mujer”.

La violencia política contra la mujer pudiera ser causal de destitución de funcionarios públicos y nulidad de elecciones, esto si avanzan las iniciativas de dos legisladoras locales, indicó Denisse Adriana Porras Guerrero, presidente del Observatorio de Participación Política de la Mujer.

La también consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), indicó que desde el Observatorio “vamos a acompañar y dar seguimiento a la iniciativa de las diputadas Alejandra Valdez y Paola Arreola para decirle a los diputados de la importancia y que el Observatorio va a estar ahí muy vigilante acerca de la suerte que corran esas iniciativas”.

El objetivo de la iniciativa es que la violencia política contra la mujer se tipifique como delito en el Código Penal, aunque Porras Guerrero señaló que la idea sería también armonizar la Ley Electoral para que desde este ámbito también se impongan sanciones, “para que realmente exista castigo a quien agreda a una mujer”.

Explicó que en el Código Penal se podrían establecer sanciones como la inhabilitación o destitución de servidores públicos a los que se les compruebe que ejercieron violencia política contra la mujer, para lo cual también habría que “conectar” con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Mientras que en la Ley Electoral se buscaría que sea causal de nulidad electoral, “que se pueda anular una elección si es que efectivamente se acredita que existió ese tipo de violencia”.

La consejera electoral indicó que la intención con estas iniciativas es “que no nada más quede en el Código Penal sino también en la Ley Electoral y tenga una consecuencia efectiva”, para lo cual se cuenta con un equipo de trabajo en el Ceepac para llevar a cabo la armonización legislativa.

Aunque la iniciativa ya existía, cobró relevancia luego de que la semana pasada el diputado local Edgardo Hernández agredió verbalmente desde la tribuna, a las diputadas Sonia Mendoza Díaz y Beatriz Benavente Rodríguez, quien incluso ya presentó la denuncia legal en su contra.

La violencia política contra la mujer pudiera ser causal de destitución de funcionarios públicos y nulidad de elecciones, esto si avanzan las iniciativas de dos legisladoras locales, indicó Denisse Adriana Porras Guerrero, presidente del Observatorio de Participación Política de la Mujer.

La también consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), indicó que desde el Observatorio “vamos a acompañar y dar seguimiento a la iniciativa de las diputadas Alejandra Valdez y Paola Arreola para decirle a los diputados de la importancia y que el Observatorio va a estar ahí muy vigilante acerca de la suerte que corran esas iniciativas”.

El objetivo de la iniciativa es que la violencia política contra la mujer se tipifique como delito en el Código Penal, aunque Porras Guerrero señaló que la idea sería también armonizar la Ley Electoral para que desde este ámbito también se impongan sanciones, “para que realmente exista castigo a quien agreda a una mujer”.

Explicó que en el Código Penal se podrían establecer sanciones como la inhabilitación o destitución de servidores públicos a los que se les compruebe que ejercieron violencia política contra la mujer, para lo cual también habría que “conectar” con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Mientras que en la Ley Electoral se buscaría que sea causal de nulidad electoral, “que se pueda anular una elección si es que efectivamente se acredita que existió ese tipo de violencia”.

La consejera electoral indicó que la intención con estas iniciativas es “que no nada más quede en el Código Penal sino también en la Ley Electoral y tenga una consecuencia efectiva”, para lo cual se cuenta con un equipo de trabajo en el Ceepac para llevar a cabo la armonización legislativa.

Aunque la iniciativa ya existía, cobró relevancia luego de que la semana pasada el diputado local Edgardo Hernández agredió verbalmente desde la tribuna, a las diputadas Sonia Mendoza Díaz y Beatriz Benavente Rodríguez, quien incluso ya presentó la denuncia legal en su contra.

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