La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de San Luis Potosí (AMPI) reiteró a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (SEDECO) la necesidad de reactivar la Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios, que fue aprobada en 2014, pero que no ha logrado aplicarse de forma efectiva, a pesar de que los fraudes inmobiliarios son constantes en la entidad.
En una reunión privada que sostuvieron el presidente de AMPI, Luis Alvarado Moreno, y el titular de la SEDECO, Juan Carlos Valladares Eichelmann, el líder de los inmobiliarios explicó que la ley fue aprobada hace 8 años, pero con escasos resultados, pues muy pocos inmobiliarios se registraron.
Según datos de la AMPI, en la zona Metropolitana operan alrededor de 3 mil 600 inmobiliarias, pero de este número solo 60 obtuvieron su licencia inmobiliaria y actualmente ninguna está activa, porque el trámite de renovación se detuvo a raíz de la pandemia por Covid-19.
Ante ello, Alvarado Moreno le hizo saber al funcionario estatal que la aplicación de la ley garantizaría un listado confiable de agentes inmobiliarios, a los cuales se puede recurrir cuando se quiere realizar una operación de compra-venta o arrendamiento de un inmueble.
Detalló que la pandemia dificultó la aplicación de la ley, porque los inspectores no podían realizar visitas físicas a los domicilios de las inmobiliarias, que es uno de los requisitos que estipula la ley para otorgar o renovar una licencia inmobiliaria; sin embargo, en el arranque de 2022 la situación es completamente distinta.
“La Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios no tiene una finalidad recaudatoria, sino de seguridad, certeza y confianza para los compradores, pero en un escenario de nula aplicación de la ley, el registro del mercado existente permitiría solventar los gastos administrativos a la Sedeco y todavía obtener ingresos para las arcas estatales”, destacó.
Finalmente, el líder de AMPI manifestó que se espera que esta reunión con Sedeco sea la primera de varias reuniones que permitan “echar a andar la ley”, para beneficio de los habitantes de San Luis Potosí, que demandan seguridad en sus transacciones inmobiliarias.