La inserción laboral de personas con discapacidad en la administración pública estatal estará garantizada por ley.
Diputados de la Comision de Derechos Humanos aprobaron una reforma que establece la obligación de los tres Poderes del Estado, gobiernos municipales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos de garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Será una obligación contratar como mínimo el dos por ciento de la planta laboral correspondiente de este sector.
Para ello, dichos entes deberán remitir, al menos de forma anual, la información referente a las convocatorias y contrataciones, al Consejo Técnico de las Personas con Discapacidad para la elaboración del informe respectivo, e informarlo a su vez, al Congreso del Estado.
También, se aprobaron modificaciones a la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, para establecer que corresponde a los municipios en lo relacionado al tema de la juventud, el conformar un Consejo de carácter honorífico integrado por jóvenes, con la finalidad de participar en el diseño de las políticas públicas, asesorar, colaborar y coadyuvar con las instancias municipales de la juventud y proponer y formular sugerencias y adecuaciones a los planes y programas.
En esta sesión de trabajo, se desahogaron además 14 dictámenes que fueron dictaminados como improcedentes, luego del análisis realizado por los integrantes de la comisión.
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