Los integrantes de la Diputación Permanente recibieron la iniciativa de Ley de Consulta Para las Personas con Discapacidad para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, presentada por el diputado Martín Juárez Córdova.

Se recibió la iniciativa para establecer lineamientos para implementación de consulta pública de las personas con discapacidad, presentada por los diputados Pedro César Carrizales Becerra, Alejandra Valdés Martínez, Martha Barajas García, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, Angélica Mendoza Camacho, María Isabel González Tovar y Rolando Hervert Lara.

Esta ley constituye una herramienta jurídica que da certeza para que los diferentes actos de autoridad estén revestidos de legalidad, pero sobre todo, de un profundo respeto a los Derechos Humanos Universales y al cumplimiento de las normas internacionales.

Agrega que en San Luis Potosí un 5.7% potosinos y potosinas de cada mil, tiene alguna forma de discapacidad, esta cifra es superior al promedio nacional (5.1%); aún con ello la apertura y promoción a la participación ciudadana sigue siendo insuficiente.

De acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, (CDPD), en su articulo 4° establece que, en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacerla efectiva, los Estados Partes celebrarán “consultas estrechas” y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidas las niñas y los niños con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, ello implica la colaboración con la sociedad civil organizada en torno a los temas que atañen a las personas con discapacidad.

En San Luis Potosí, el Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, (CDPD) surgió dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí como una herramienta para promover, proteger y supervisar la correcta aplicación de la CDPD. Está integrado por una comisión de gobierno (titulares de las áreas de la CEDH), un comité técnico de consulta (integrado por personas de la sociedad civil con y sin discapacidad), una secretaría técnica y es presidido por la persona que ocupa la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con un total de 15 integrantes.

Se propone que sea el Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal, el que se constituya también como Mecanismo para la Consulta a las Personas con Discapacidad para que sea éste el que administre dichas consultas. La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, para su análisis.