La Asociación Perteneces A.C., presentó el estudio sobre el voto que emitieron las personas privadas de la libertad en el pasado proceso electoral. Acudieron representantes del INE y CEEPAC.

José Mario de la Garza dijo que “es un reflejo del proceso de observación que hicimos en los penales para ver cómo votaban las personas que estaban privadas de la libertad; esto aplica solamente a personas que no han sido sentenciadas, pues el ejercicio fue muy interesante, hubo una participación muy alta, la mayoría de las personas privadas de libertad votaron”.

“Lo que sigue es bajarlo a una votación también local, esto fue solamente un proceso a nivel electoral federal para Presidente de la República, habría que hacer un ejercicio, se nos viene una votación en el 2025 de jueces y magistrados, habría que ver que se incluyeran a las personas que están en prisión a nivel local también, capacitación, prisión preventiva, el tema de la capacitación a todos los que participamos y el tema de la difusión”.

Señaló que “lo más importante es cómo involucrar a los partidos políticos para que este proceso les interese, acudan a las prisiones, les den información, les hagan conocimiento de quiénes son los candidatos y las candidatas, vimos a los partidos muy ausentes, no les interesó este proceso, ahí hay un reto, son personas que como cualquier ciudadano tienen un derecho de participar y de votar, pero requieren información, requieren que se les explique quiénes son los candidatos, para qué cargos están, qué puestos van a ocupar, ahí creo que ese es un reto”.

Dijo que “el tema de la capacitación, el que los partidos se involucren y propondría con la iniciativa que presentamos hoy, la iniciativa ciudadana, que es que el proceso electoral del Estado de San Luis Potosí también tenga la posibilidad de que las personas en prisión puedan participar”.

Añadió José Mario de la Garza que “el voto en la prisión en México tampoco va a ser parteaguas, porque tampoco hay tantas personas en prisión, pero es un proceso más de reconocimiento de derechos humanos, de presunción de inocencia, de dignidad y de oportunidades a las personas que están en prisión que no han sido sentenciadas y que están en la presunción de inocencia”.

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El consejero del CEEPAC Juan Manuel Ramírez señaló que “nos deja la experiencia de lo que sucedió con el voto en prisión preventiva o de personas en prisión preventiva en el pasado proceso electoral federal. Hay que aclarar que ya hay una sentencia por ahí que vincula a los estados en los congresos elegibles respecto del voto en prisión preventiva es muy probable que para la elección de 2027 ya en San Luis Potosí tengamos una legislación que permita a estas personas poder ejercer su derecho al voto”.

“En ese sentido, el CEEPAC estará trabajando de la mano con el Congreso del Estado, con el INE eventualmente, porque hay que recordar que las elecciones son concurrentes respecto de cómo se estaría implementando este voto, pero por lo menos, en el informe que se nos presentó ya hay un camino, ya hay una ruta trazada en San Luis Potosí respecto de cómo se organizó este voto para personas en prisión preventiva respecto de la elección federal”.

Además de José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces estuvieron Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE SLP; Ana Lucía Barajas Garay, vocal de organización electoral de la Junta Local del INE SLP; y Sandra Nalleli Rangel Jiménez, subdirectora de circunscripción plurinominal. La presentación estuvo a cargo de Celia García Valdiviezo, directora de derechos humanos, y Arturo Tabales, coordinador de investigación y capacitación, ambos de Perteneces.

Este informe tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad sobre los hallazgos y perspectivas derivados de la observación electoral llevada a cabo por Perteneces, centrada en el derecho al voto de las personas en prisión preventiva. Durante la presentación, José Mario de la Garza subrayó la importancia de los derechos humanos de esta población, destacando que su derecho al voto no solo fortalece la democracia, sino que también constituye un reconocimiento a su dignidad y una oportunidad para su inclusión social. “No podemos dejar de lado a las personas privadas de libertad en la construcción de un país más justo y democrático,” afirmó.

A través de diversas herramientas como la observación participante, análisis de bibliografía y entrevistas, Perteneces identificó buenas prácticas y áreas de oportunidad en el ejercicio del voto en los centros penitenciarios. Entre los aspectos más relevantes se mencionaron la coordinación interinstitucional y la necesidad de una mayor sensibilización en los procesos electorales para este grupo. Se observó que, de una lista nominal de 30,391 personas en prisión preventiva a nivel nacional, el 88% eran hombres y el 12% mujeres. En San Luis Potosí, 687 personas privadas de su libertad ejercieron su derecho al voto en cinco centros penitenciarios.

Además de los retos logísticos, como la capacitación del personal del INE y la falta de un voto plenamente informado, el informe identificó que el 25% de las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios federales y estatales esperan más de 24 meses para recibir una sentencia. Esta situación, indicó García Valdiviezo, refleja una deuda del sistema de justicia que debe ser atendida con urgencia. Los altos niveles de prisión preventiva y las dificultades para acceder a una representación legal efectiva hacen que este grupo sea particularmente vulnerable.

Entre los momentos clave del proceso electoral se destacó la firma del convenio de colaboración entre Perteneces y el INE, la capacitación a observadores y la apertura del material electoral en los centros penitenciarios, lo que permitió garantizar la transparencia del proceso. Los resultados de esta observación buscan servir como insumos para mejorar las condiciones en futuros procesos electorales y asegurar que el derecho al voto de las personas en prisión preventiva se respete de manera integral.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023, había 88,345 personas en prisión preventiva en México, distribuidas en 314 centros penitenciarios, de los cuales 248 son estatales. La capacidad instalada de estos centros es de 222,133 personas, lo que resalta la sobrepoblación y las condiciones precarias en las que vive gran parte de la población penitenciaria.

Estos factores agravan las desigualdades que enfrentan las personas privadas de su libertad, lo que se reflejó también en las opiniones recogidas durante la observación. Comentarios como "se sintió chido votar" o "es bueno que nos tomen en cuenta" reflejan la necesidad de continuar garantizando y ampliando este derecho.

Finalmente, Perteneces hizo un llamado a seguir trabajando en la defensa de los derechos políticos de las personas en prisión preventiva, proponiendo recomendaciones claras para futuros ejercicios, como una mayor participación de los partidos políticos en la sensibilización sobre el voto en estos centros y la mejora de los mecanismos de coordinación institucional.