La ampliación del paro de actividades en el Poder Judicial de la Federación (PJF) afecta al gremio de los abogados, pero sobre todo a la ciudadanía, señaló Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad.

Luego de que el Consejo de la Judicatura aprobó continuar con el paro hasta el 2 de octubre, Torres Sánchez indicó que esta medida "ya no tiene razón de ser", puesto que se había tomado la decisión de suspender labores como una forma de ejercer presión para evitar la aprobación de la reforma judicial, misma que ya fue aprobada e incluso se encuentra en ejecución.

Señaló que la suspensión de actividades afecta los procesos de todo tipo que se encuentran en trámite en el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, "el que está esperando una audiencia para que resuelvan un amparo para salir, es una violación a los derechos humanos".

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Otro caso es el de quienes están a la espera de desahogar un juicio de garantías con los juzgados de distrito y colegiados, y se quedan amparados y se ven afectados los que ganaron las resoluciones porque no logran ejecutar el beneficio.

En ese sentido, señaló que el paro de labores en el Poder Judicial genera una afectación económica y social porque no se da seguimiento a los procesos que se encuentran en trámite, tanto civiles como penales.

Torres Salazar agregó que "de por sí las sentencias tardan seis meses en resolver los amparos", con el paro de labores se alarga más el proceso, por lo que insistió en que hay una afectación muy grande para ciudadanía y para los abogados, por lo que hizo un llamado al Poder Judicial para que retomen actividades.