El asesinato del magistrado Ociel Baena, fue un crimen de odio, asegura Paul Ibarra Collazo, presidente de la organización civil Diversificadores Sociales, quien dijo aventurarse a las indagatorias de las autoridades, pero a su consideración este hecho, no es más que otra muestra de la intolerancia que hay hacia otros géneros.
"Me encuentro consternado de la situación, siempre que nos enteramos del deceso de alguna persona de la comunidad y en este caso de una persona que es reconocida, que estaba haciendo actividades de influencia, como en este caso el del Poder Judicial, siempre es consternante".
Aunque considera puede pecar de adelantado, está convencido que hay algo serio en este asunto, más en tiempos en que guardan una fuerte lucha por abrir camino a las comunidades LGBTIQ+ "es muy rápido para decirlo, porque no lo han dicho las autoridades cuando encontraron su cuerpo y el de su pareja o persona con la que estaba, se están haciendo muchas indagatorias y especulaciones, al parecer, lo encontraron con herida de arma blanca, es muy prematuro señalar que es un crimen de odio pero me atrevo a decir que es así".
Por las indagatorias y especulaciones que rodean este hecho, argumentó que es preponderante que las autoridades hagan su trabajo en tiempo y forma, "que tomen cartas en este asunto, exigimos de manera enérgica por lo que está sucediendo, no es el primer crimen que hemos visto, no es la primera persona que muere de nuestra comunidad, hay muchas necesidades que se necesitan cubrir en este momento".
Mencionó que el país ya cuenta con ciertos avances a nivel legislativo pero existen serias fallas a nivel social y comunitario "falta muchísimo por lograr, una de las cosas principales es salvaguardar la integridad física, sigue habiendo crímenes de odio, sigue habiendo intolerancia, violencia hacia nuestra comunidad y creo que eso es muy complicado. Me sumo a la indignación de toda la comunidad que las autoridades esclarezcan qué esta pasando".
Finalmente, argumentó que en materia legal, hay algunos temas pendientes por parte de nuestras autoridades, quienes tienen la deuda de tipificar muchos delitos y ataques contra la comunidad homosexual de nuestro país.