A través de una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, se podrán adecuar los perfiles a ocupar los puestos de Coordinador de Auditorías Especiales y Auditor Especial de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, informó el diputado Edgardo Hernández Contreras quien presentó la propuesta.
La iniciativa establece que para ser Auditor Especial, coordinador de Auditorías Especiales y Auditor Especial de Asuntos Jurídicos, se deberán cumplir nuevos requisitos, además de ser ciudadano mexicano, tener por lo menos treinta y dos años cumplidos al día de su designación y los demás de la Ley actual.
Al día de su designación, deberá tener antigüedad mínima de cinco años, con título y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, abogado, licenciado en economía, licenciado en administración, administración pública o cualquier otro título y cédula profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
Contar al momento de su designación con una experiencia de cinco años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera o manejo de recursos, y gozar de buena reputación, no haber sido condenado por algún delito doloso o sancionado administrativamente por faltas graves.
El diputado Edgardo Hernández señaló que en diciembre de 2017, se realizó una reforma constitucional a nivel estatal, a fin de igualar los plazos de presentación de las cuentas públicas que presentan los entes obligados, y derivado de las diversas disposiciones emitidas en materia de corrupción y relativo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
Además dentro de la reforma relativa al combate a la corrupción, se ha concebido un nuevo sistema en materia de responsabilidades administrativas, mediante los cuales se establecen y precisan las faltas administrativas graves y no graves, las autoridades involucradas y el procedimiento para el fincamiento, en su caso de responsabilidades.
Consideró que la rendición de cuentas, es uno de los pilares del sistema democrático de nuestro país. La evolución institucional han implicado reformas de carácter constitucional e institucional, así como la aparición de un nuevo marco legal moderno que profundice en la auditoría, fiscalización y rendición de cuentas, y que se ven reflejadas en un sistema nacional de fiscalización y un sistema nacional anticorrupción con lineamientos tendientes a promover procesos y procedimientos de auditoría homogéneos.
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