Sin ninguna evaluación, argumento o acusación, sólo para “traer caras nuevas”, la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) propuso la no ratificación en el cargo y por consecuencia despido inmediato, de cuatro funcionarios de primer nivel con amplia trayectoria en procesos electorales, la cual se aprobó en sesión del organismo.
Representantes de los partidos políticos hicieron severos cuestionamientos a la presidenta Paloma Blanco López designada apenas hace dos meses como presidenta luego de trabajar en la Comisión de Derechos Humanos y en la administración del ex presidente municipal Xavier Nava, al considerar que la creación de un “club de amigos” perjudicará al organismo ya que no se privilegió la experiencia en asuntos electorales.
Jairo Leyva de Conciencia Popular, Aaron López Bravo y Guillermo Navarro del Partido Verde así como representantes de Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, exigieron que se dieran a conocer las razones del injustificado despido, “se trata de gente capaz, que ha respondido a los distintos procesos electorales por encima de los intereses de los propios consejeros. El cargo les dura siete años, pero la verguenza les va a durar toda la vida”.
Coincidieron en que se trata de profesionales que resolvieron procesos electorales, “ustedes -los consejeros- pregonan la democracia hacia afuera y hacia adentro cometen actos de prepotencia e ilegales, por lo que se viene una lluvia de amparos”.
Los funcionarios despedidos son Daniel Galván Ríos director ejecutivo de Administración y Finanzas, Lizbeth Lara Tovar directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Miguel Santillán Campos, director de Organización Electoral y Silvia del Carmen Martínez Secretaria.
Fueron designados: Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas Claudia Marcela Ledesma González; en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, a Karla Patricia Solís Dibildox; en la Dirección de Organización Electoral a Arquímides Hernández Esteban y para la Unidad de Transparencia Iris Adriana Rivera Nava.
Aprobaron solicitar una ampliación presupuestal de 29 millones de pesos, que fue lo que se les recortó en el presupuesto que solicitaron para el año 2022, de los cuales, 5.9 millones de pesos son para cubrir el pago de las indemnizaciones de estos cuatro funcionarios.
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