Empresarios del sector automotriz aplauden que el Senado de la República aprobara la Ley de Ingresos 2020 y que decidieran eliminar el transitorio que buscaba la regulación de autos chocolate, pues señalan que de haber permitido la entrada legal de estos vehículos hubiera repercutido fuertemente en la industria.
Al respecto Julio César Galindo Pérez, empresario del ramo automotriz, señaló que ven positivo que el Senado haya tomado una decisión madura y analizara el grave daño que hubiera provocado la legalización de autos chocolate a la industria automotriz, pues ésta genera millones de empleos, divisas e impuestos para todo el país, lo cual se hubiera traducido en un golpe para la economía de México.
“No es un tema cerrado, es una pequeña batalla ganada en este tema de lograr el Estado de Derecho y que se respeten las leyes en nuestro país. Definitivamente esas agrupaciones que tienen todo un tinte económico y político, que las puedo catalogar como mafias que fomentan la corrupción y que desafortunadamente son toleradas por la autoridad, van a gritar y exigir por medio de la violencia, como siempre lo han hecho, que se les autorice, pero estamos confiados que deben entender que no se debe dañar un motor de la economía tan grande como es el sector automotriz”, apuntó.
Así mismo, manifestó que la única forma blindarse contra el tráfico ilegal de autos chocolate es verdaderamente combatiendo la corrupción de manera frontal, pues apuntó que quienes trafican estas unidades llegan a pagar hasta 400 dólares a los agentes aduanales para poder introducirlas a México. En ese sentido dijo que la autoridad Federal debe poner más atención a esa situación, y castigar con todo el peso de la ley estos actos de corrupción, tanto a quien lo propone como quien lo acepta.
“Sólo acabándose la corrupción y el crimen organizado que existe en las fronteras del país, los coches pasan a través de un puente, de una garita federal y es ahí donde está la corrupción, donde las organizaciones o personas que se dedican a meter estas unidades de manera ilegal a México, y pagan entre 200 hasta 400 dólares a los agentes fronterizos y directores de esas aduanas que permiten el contrabando de esas unidades, ahí es donde se deben atender”, añadió.