El tema del acceso a la justicia para la población indígena aún presenta rezagos no sólo en San Luis Potosí, sino en el país en general.

El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que en México hay 8 mil indígenas que se encuentran en prisión sin tener sentencia condenatoria, y el problema radica sobre todo en que no hablan español y no hay defensores que hablen su dialecto.

De esta manera, hay casos como el del Estado de México, que cuenta con 10 traductores y sólo dos de ellos son abogados, pero no hablan todos los dialectos de las comunidades indígenas de esa entidad.

Mientras que a nivel nacional, el Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 25 abogados y 21 oficiales administrativos que pueden llevar la defensa en 34 lenguas indígenas, cuando en el país hay 68 lenguas indígenas con 364 variantes.

En lo que corresponde a San Luis Potosí, Juan Paulo Almazán Cué, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), reconoció que sí hacen falta traductores, sobre todo en la Zona Huasteca.

“En la zona Huasteca sí hay un tema de población indígena, una alta población, y creo yo que es un tema que sí tenemos que apretar”, reconoció.

Ante la presencia de un asunto tenemos que tener ya sea fiscales especializados, defensa especializada y esta defensa que a su vez proporcionan los traductores Juan Paulo Almazán Cué, presidente del STJE

Explicó que propiamente, no le corresponde al Poder Judicial contar con traductores para la población indígena, sino que “ante la presencia de un asunto tenemos que tener ya sea fiscales especializados, defensa especializada y esta defensa que a su vez proporcionan los traductores”.

En caso de no ocurrir así, los jueces tienen la obligación de nombrar a un traductor, aunque el presidente del STJE reiteró que no se trata de personal con el que cuente el Poder Judicial, sino que son externos.

Al respecto, reconoció que en San Luis Potosí sí existe una escasez de traductores que hablen las lenguas indígenas de las etnias que radican en el estado, que son predominantemente náhuatl, pame y tének.

En ese sentido, reconoció la necesidad de contar con hablantes de las lenguas indígenas del estado para que la impartición de justicia llegue a toda la ciudadanía.