Hace una semana, padres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, CBTA, plantel 142, ubicado en el municipio de Venado, recurrieron a este medio de comunicación para señalar que los estaban obligando a aportar cuotas escolares de 120 pesos para pagar laudos laborales de la institución; el Director General, Pedro Arturo Hernández López, negó las acusaciones y entregó una serie de documentos donde afirma no haber cometido irregularidades en su gestión.
Al solicitar su derecho de réplica y exigir que se ventilaran los nombres de los padres de familia que hicieron extensiva su denuncia a esta casa editora, entregó un documento que signa la Subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaria de Educación Pública, SEP, en donde emite que no ha cometido errores administrativos en su gestión como el del despido injustificado a un vigilante, pues tiene poco tiempo de haber tomado las riendas de la dirección general del CBTA 142.
En el texto se lee -ya que no quiso dar entrevista para mejor comprensión de los hechos y prefiriendo que se retomara el documento- “son difamaciones que afectan la estabilidad del proceso de aprendizaje de la comunidad escolar”.
Reconoció que el centro escolar que dirige efectivamente fue afectado por una resolución del juez mixto de primera instancia del XI distrito con cabecera en Venado, que debido a una demanda laboral interpuesta por Carlos Velázquez Rodríguez, con fecha del 17 de octubre del año pasado quedó a favor del ex trabajador, por lo que se insistió que ese error administrativo no salió de su administración ya que asumió la dirección en el mes de febrero de este año.
Afirmó que la información que ofrecieron los propios padres de familia de esa institución del altiplano potosino, es infundada y carente de veracidad.
En su documento, nunca rechaza los dichos de los padres de familia –de quienes tenemos audios- en relación a que se está cobrando una cuota escolar de 120 pesos para asumir el laudo laboral que al parecer es responsabilidad de Arturo de Jesús Martínez Cruz y Eleazar Villela García, como lo dejó clarificado en el documento que entregó como derecho de réplica.
Cabe añadir que este sujeto, demandó conocer la identidad de las personas denunciantes, y solo se debe recordar al respecto, que existe el derecho de protección de fuentes cuando estas temen a represalias.