El Congreso del Estado necesita construir un andamiaje jurídico que permita procesar casos turnados por instancias jurisdiccionales federales para aplicar sanciones a autoridades locales, ya que en la actualidad no existe un marco legal que permita su desahogo en los términos planteados.
Así lo señalaron la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GP PAN) y el diputado Edmundo Azael Torrescano Medina del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación a la instrucción de instancias federales para sancionar al titular del Poder Ejecutivo.
“La decisión del GP PAN de abstenerse ante el dictamen que planteaba improcedente una sanción contra el ejecutivo por presuntos delitos electorales, fue consensuada y consultada con el Comité Nacional, pero jurídicamente el tema no tiene materia, no tenemos facultades”, señaló la legisladora.
Abundó que si se incurrió en un delito, quien lo así lo determinó debió aplicar las sanciones “pero no asumió su responsabilidad que la está pasando a los Congresos estatales, lavándose las manos; ese fue nuestro análisis para votar en abstención”.
Una de las alternativas que se planteó al interior del Grupo Parlamentario es legislar para que, sin en el futuro se presenta una situación parecida, tener la capacidad de proceder, pero por lo pronto que cada quien cumpla su responsabilidad y no buscar la manera de evadirla.
Asimismo el legislador del Grupo Parlamentario del PRI diputado Edmundo Torrescano Medina coincidió en que es necesario legislar, “porque nuestro marco normativo no tiene establecido como se da trámite a este tipo de situaciones, es la primera vez que llega e incluso en los Congreso de otros estados se votó igual que aquí”.
Expuso que “no podemos estar usando la justicia para resolver problemas políticos, por eso apostamos al camino de la legalidad y votamos a favor del dictamen que rechazó la aplicación de una sanción al titular del Ejecutivo; ahora hay que esperar lo que responda la autoridad jurisdiccional a nuestra decisión como Poder Legislativo”.
