Al participar en el panel “El acceso a la justicia. Obstáculos y avances”, el Magistrado Juan Paulo Almazán Cue, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, planteó la necesidad de homologar en nuestro país el tipo penal del feminicidio, a efecto de contar con estadísticas reales de este delito.
“Las estadísticas, aunque frías, son reales, y nos dan un parámetro de lo que ocurre en México, por lo que es importante buscar la unificación del Código Penal. Esto nos dará datos reales para, a partir de ellos, determinar qué tenemos que hacer para que exista una respuesta efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres”.
En el marco del evento conmemorativo sobre la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Para), el magistrado refirió que en el estado se ha trabajado para hacer accesibles los recursos legales, a fin de que sean rápidos; además de capacitación en temas de género a jueces y magistrados y a todo el personal jurisdiccional, y consideró como un tema importante la publicación de las resoluciones, tema en el que San Luis Potosí cumple ampliamente.
En el evento organizado conjuntamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Nadia Sierra Campos, de dicha comisión, dijo que si se quieren conocer buenas prácticas de lo que se hace en materia de acceso a la justicia en favor de las mujeres, “volteen a ver a San Luis Potosí” destacando el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en favor de las Mujeres, las Unidades de Justicia Itinerante y la capacitación que están recibiendo magistradas, magistrados, juzgadores, donde Conavim ha participado.
A 25 años de existencia de la Convención de Belém do Para y a 20 años de vigencia en el país, se realizó este evento con el fin de hacer un balance sobre la aplicación de la Convención, analizar los retos que implican las nuevas modalidades de violencia contra las mujeres y proponer políticas públicas para su prevención, atención y sanción.