A nivel nacional es necesario un nuevo mecanismo que garantice la reincersión social de las personas que salen de prisión, consideró Juan Paulo Almazán Cué, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
Hace unos días se dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el cual el sistema penitenciario de San Luis Potosí se catalogó como “foco amarillo” debido a las deficiencias que encontró el organismo autónomo.
Entre los aspectos señalados se encuentra: autogobierno, malos tratos a los reclusos, extorsiones a los reos, sobornos a funcionarios públicos, insuficiencia de personal de custodia, y actividades ilícitas.
“Esto no quiere decir que no queden privadas de su libertad, sino que existan los medios para que puedan lograr otra vez estar en la sociedad pero lejos de la comisión de delitos”, aclaró.
Puso como ejemplo el sistema para menores infractores, en donde dijo, sí se busca reeducar a los jóvenes para que una vez que son liberados no reincidan en conductas delictivas, “en los adultos sería importante buscar a nivel federación estos mecanismos para que lejos de volver a caer en el delito, busquen un nuevo objetivo de vida”.
También recordó que de acuerdo al nuevo sistema penal, quienes ameritan prisión son aquellas personas que cometen delitos graves o en los casos en que el Ministerio Público justifica tal circunstancia, por lo que es necesario tomarlo en consideración y remitir a penales de máxima seguridad a quienes lo ameriten para evitar su influencia sobre el resto de los reclusos.
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