La abogada Gabriela Silva, integrante de la Organización Para Chicas A.C., ha denunciado las alarmantes desigualdades que enfrentan las mujeres en prisión, especialmente en temas de salud menstrual y acceso a servicios básicos. Durante una reciente entrevista, Silva reveló que, en el Centro de Reinserción Social La Pila, las internas reciben únicamente un paquete de entre ocho y diez toallas sanitarias al ingresar, las cuales deben durar todo un mes. Esta cantidad es claramente insuficiente, lo que ha llevado a organizaciones civiles a intervenir con donaciones, especialmente durante la temporada navideña. Sin embargo, estos recursos se agotan rápidamente hacia mediados del año.

Actualmente, La Pila alberga entre 80 y 90 mujeres privadas de su libertad, y una situación similar se presenta en el centro de el Xolol, en la Huasteca. Silva advirtió que las carencias no solo afectan la gestión de la menstruación, sino que también repercuten en la salud integral de las internas, quienes carecen de acceso a atención médica especializada y con perspectiva de género.

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“Las mujeres privadas de la libertad no solo necesitan medicina general. En temas de salud menstrual, es urgente contar con atención especializada que abarque aspectos físicos, emocionales y educativos”, enfatizó la activista. A pesar de que la legislación nacional garantiza derechos fundamentales, como la atención médica por personal femenino, Silva lamentó que esta disposición no se cumpla en los centros penitenciarios de San Luis Potosí. “No basta con que el personal sea mujer; debe estar capacitado en género y contar con recursos adecuados”, explicó.

La organización Para Chicas A.C. ha impulsado iniciativas legales y colabora con la Red de Menstruación Digna a nivel nacional. Aunque se han logrado algunos avances, como la eliminación del “impuesto rosa” a productos menstruales, San Luis Potosí sigue rezagado en la implementación de medidas locales que aseguren una menstruación digna.

Silva concluyó con un llamado urgente a las autoridades: “Las mujeres en reclusión solo pierden su libertad, no sus derechos. Es imperativo que comprendan esto y destinen presupuesto suficiente para políticas públicas que garanticen una menstruación digna y el acceso a servicios básicos para todas”.