Marcela, la mujer que se encadenó en septiembre del año pasado en la sede nacional de Derechos Humanos, CNDH, creó una mentira con fines económicos y logró ejercer presión política hacia el Gobierno del Estado, la Fiscalía y el Poder Judicial, para acelerar una denuncia contra cinco potosinos, originarios del municipio de Rioverde, por diversos delitos, aseguran abogados del caso.
Ahora, la madre de la menor que presuntamente fue violada por dos de sus profesoras, acusa de corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, pornografía infantil y asociación delictuosa, al propietario del Colegio Luis Gonzaga Urbina, a su directora, a una docente, a la psicóloga María N -esta última pasó un año y medio en presión acusada de la violación- e incluso su esposo también es señalado.
Los abogados Miguel Chávez, Heracleo Castillo, Victor Manuel Gallardo Macías y Martín Salas Mexicano, coincidieron en rueda de prensa, que el activismo de la madre afectada tiene un fin económico, pues han tenido la exigencia tres millones de pesos para desistirse de las demandas.
Denunciaron persecución judicial para los cinco acusados, pues desde la Secretaria General de Gobierno se ha dado línea para que la carpeta de investigación sea integrada lo más pronto posible y se exijan las órdenes de aprehensión.
Las personas acusadas señalaron que se sienten perseguidos por las autoridades, además que desconfían de su trabajo pues “si ya tuvieron un año y medio en la cárcel a una inocente qué se puede esperar de esos funcionarios de procuración y administración de justicia y más cuando se trata de un caso que de origen está viciado”.
Llegaron al lugar con la petición de que Marcela sea evaluada por profesionales de la salud mental, porque tiene severos problemas que la impulsan a mentir compulsivamente.
Hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para que no permitan que una mentira afecte la vida de tantas personas.
En el juicio por la violación de la menor, se determinó que la niña si fue abusada, pero la acusada no pudo participar en los hechos y las pruebas establecieron que el delito no ocurrió en el Colegio, esta determinación del juez ya fue revisada por todas las instancias constitucionales.
La denuncia por la violación fue interpuesta por los padres de la menor en el 2017 y meses después, fue detenida con base a una orden de aprehensión y fue liberada hasta enero de 2019.
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