Honorable Congreso del Estado

Diputada Sonia Mendoza Díaz, Presidenta de la Mesa Directiva.

Ciudadanas Diputadas y Ciudadanos Diputados integrantes de la 62 Legislatura del Estado.

Señoras y Señores:

En cumplimiento al punto de acuerdo aprobado por esa Soberanía el pasado 25 de octubre, en términos de lo dispuesto por los numerales 57, fracciones XXIV y XXV, y 80, fracción VIII de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, acudo nuevamente a este recinto, con convicción democrática y respeto a la autonomía de los Poderes.

El pasado 20 de septiembre, al entregar el informe por escrito sobre la situación y perspectivas generales de la Entidad y de la Administración Pública correspondientes al Tercer Año de Gobierno, expresé en esta Tribuna mi respeto y voluntad política para construir juntos los acuerdos que nos permitan avanzar en los próximos tres años a favor de los mejores anhelos de los potosinos.

En este ánimo de diálogo y colaboración institucional entre los Poderes del Estado, concurro nuevamente a esta Soberanía.

Con su permiso, quiero dividir mi intervención inicial en dos partes. Primero, me referiré al tema de seguridad pública; de la procuración y administración de justicia; y de la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social, bajo el Estado de Derecho actual. Posteriormente, propondré a esta Soberanía iniciemos los trabajos de análisis y consulta de la mano con la Federación, sobre el futuro de la regulación sobre el control responsable de las drogas y sus efectos con relación al crimen organizado, la violencia y las políticas de salud pública.

I. Situación Actual
a) Seguridad Pública

Reconocemos que la seguridad pública es el reto principal que enfrentamos en México y en el Estado.

Por sus características, este reto es de una gran complejidad. Además, presenta dimensiones locales, nacionales e internacionales, que en todo momento deben considerarse, a fin de diseñar una estrategia que permita enfrentar eficazmente al delito.

En el contexto nacional, y sus implicaciones a nivel internacional, San Luis Potosí no es ajeno a una realidad difícil y que afecta a las distintas regiones del país de manera diferenciada.

A nivel nacional los incrementos de la violencia y de la incidencia delictiva en nuestro país son ocasionados por diversos factores:

En primer lugar, una creciente y diversificada producción de drogas.

En segundo lugar, un mayor tráfico de armas y de flujo ilícito de recursos, que además se diversifican en múltiples operaciones.

En tercer lugar, la multiplicación y fragmentación de organizaciones delictivas.

Y finalmente, el aumento en las tasas de consumo de drogas en los hogares.

Estos factores de carácter nacional e internacional han presionado el alza del fenómeno delictivo en el Estado, en el que inciden además los siguientes aspectos de índole local:

Primero, ha crecido el número de homicidios del fuero común. En 2012, estos representaban el 32% del total; en 2018 alcanzó 60%;

Segundo, más de la mitad de los homicidios del fuero común se deben al consumo de alcohol y drogas en el marco de conflictos personales y familiares, así como una mayor disponibilidad de armas de fuego.

Tercero, del total del número de delito que se cometen en el Estado, 1 de cada 5 están relacionados con violencia familiar, y en gran medida, de género.

Cuarto, en los últimos años han cambiado los patrones regionales de incidencia delictiva. En 2012, la Zona Huasteca tenía el 23% de la incidencia delictiva en el Estado; este porcentaje actualmente se encuentra en 13%. En cambio, la Zona Metropolitana de San Luis, que tenía el 55% de la incidencia total, desde hace algunos meses, ahora representa el 70% de los delitos en el Estado.

Asimismo en los últimos años hemos visto el crecimiento de la violencia en estados colindantes, particularmente en Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Veracruz y Tamaulipas.

Frente a este panorama los resultados muestran que se ha contenido el alza delictiva que se presentó en el segundo trimestre de 2016, aunque no hemos podido disminuir su volumen. A pesar de ello, es importante hacer notar que en la primera mitad de esta Administración, la incidencia delictiva ha estado 27 y 17 por ciento debajo de la observada durante el mismo lapso de las dos administraciones previas.

Hoy San Luis Potosí se encuentra por debajo de la media de los índices delictivos observados en el resto del país, tanto en términos absolutos como por cada 100 mil habitantes. De hecho, en los 7 delitos de alto impacto los datos nos ubican entre las 10 entidades con menor incidencia delictiva.

Desde luego, —y como lo he sostenido siempre— las estadísticas nunca podrán reparar en forma alguna el daño y subsanar el dolor de quienes se han visto afectados por la delincuencia. Nos sirven para establecer y evaluar políticas públicas. Pero no hacen de lado el dolor y la impotencia de quien es víctima de un delito.

Es claro que la sociedad demanda mejores resultados en el combate al delito en todas sus expresiones y todas las instancias de Gobierno debemos esforzarnos para lograrlo.

Para ello, en este período se han acordado entre los tres niveles de gobierno diversas medidas, que ya fueron informadas a esta Soberanía, entre las cuales destaco las siguientes:

Inició operaciones la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (FRIM);

Creamos la Fuerza Metropolitana Estatal.

Pusimos en marcha el nuevo Centro de Evaluación y Control de Confianza, el C3.

Se fortaleció el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1.

Está próximo a inaugurarse el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia, el C5i2 que contará con tecnología de vanguardia, fortalecerá las labores de inteligencia y estará interconectado con Centros Regionales en el interior del Estado.

La Secretaría de Seguridad Pública también contará con una nueva sede.

Y el Sistema Penitenciario del Estado opera hoy sin conflictos graves, sin hacinamiento, para así cumplir los objetivos de gobernabilidad, seguridad y reinserción social.

b) Procuración y Administración de Justicia

Hemos sido testigos de la mayor transformación de la procuración e impartición de justicia en la historia reciente.

Gracias a los acuerdos que se establecieron con todas la fuerzas políticas representadas en el Congreso, la Procuraduría General de Justicia evolucionó hacia la Fiscalía General del Estado.

Este profundo cambio abarcó varios aspectos.

Se realizó una Reforma Constitucional que estableció los principios para la creación de la nueva institución con plena autonomía;

Esta Soberanía designó de manera unánime al Fiscal General y por mayoría calificada a los fiscales especiales en materia electoral y en combate a la corrupción.

Finalmente, se aprobó la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía, que cuenta con 11 fiscalías especializadas y una mejor estructura regional a fin de tener una mayor cercanía con la sociedad.

Además de estos cambios realizados en materia institucional, se concretaron acciones en infraestructura, equipamiento y capacitación a fin de preparar a la Fiscalía para enfrentar esta nueva etapa.

En el tránsito hacia la nueva Fiscalía, la Procuraduría siguió ejerciendo sus facultades con importantes resultados entre los que se encuentran: todos los casos de secuestro atendidos se han logrado resolver sin pérdida de vidas; la disminución de 40% en el delito de extorsión en el último año; la detención de 10 objetivos criminales prioritarios; la desarticulación de 56 bandas delictivas; más de 4 mil personas detenidas, de los cuales 1,241 son presuntos delincuentes de alto impacto.

En lo referente al Sistema de Justicia Penal, al inicio de esta administración, nuestra entidad se encontraba en el penúltimo lugar en los indicadores de su implementación y, tras un esfuerzo sin precedentes en materia de infraestructura y de capacitación, hoy podemos afirmar que el Sistema funciona en todo nuestro Estado.

Los esfuerzos en la materia se están complementando a través de un fortalecimiento de instituciones relacionadas con el acceso a la justicia y de protección a los derechos de las y los potosinos, que implica el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres; de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; de la Defensoría Pública; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y de la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Unidad de Protección a Periodistas y a Defensores de Derechos Humanos.

Con todas estas acciones se busca combatir la impunidad y preservar el acceso a la justicia con respeto a los derechos humanos.

c) Prevención del delito y reconstrucción del tejido social.

En el último Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, se señala que la prevención del delito requiere adoptar un enfoque integral siendo indispensable que se instrumenten prácticas “de manera coordinada y coherente, junto con medidas o programas más amplios de desarrollo social y económico, erradicación de la pobreza, respeto de la diversidad cultural y paz e inclusión sociales.”

En este sentido, hemos adoptado una estrategia en tres vertientes principales:

La primera reconoce la importancia de trabajar conjuntamente con la sociedad para disminuir el consumo de drogas y el alcohol. Por ello, pusimos en marcha la campaña #Prevenir esta Chido, acompañada por los esfuerzos permanentes de la Secretaría de Salud del Estado en materia de prevención y atención de adicciones.

La segunda vertiente considera el fortalecimiento de los esfuerzos educativos; más oportunidades de empleo e ingreso para los jóvenes; y el combate a la pobreza.

Finalmente, la tercera vertiente considera la importancia de contar con estrategias focalizadas geográficamente, coordinadas por las autoridades municipales con el apoyo de los Gobiernos Federal y Estatal, a fin de atender problemáticas específicas que ocurren en zonas urbanas marginadas y que presentan los mayores niveles de incidencia delictiva del fuero común.

II. Propuesta sobre el futuro de la regulación del control responsable de las drogas.

Diputadas y diputados integrantes de la 62 Legislatura:

Hace unos días la Comisión Global de Políticas de Drogas presentó su informe 2018 sobre el impacto que ha tenido en los últimos 40 años la política prohibicionista en materia de drogas, subrayando de manera destacada el hecho de que no se ha logrado disminuir el consumo de las drogas, y que es un mercado dominado por el crimen organizado con una evidente carga de violencia creciente en todo el mundo.

A partir de ahí, dicha Comisión Global de Política de Drogas hace una invitación para que se discutan los diversos aspectos que conlleva dicha regulación: si se puede o no regular el poder poner bajo control las drogas y cómo implementar una regulación sobre las mismas; sobre si la regulación puede disminuir al crimen organizado y la violencia que el mismo conlleva; y si se puede crear un sistema internacional y nacional de fiscalización y control de drogas, que incluya un debate sobre sus efectos en la salud pública y sobre la prevención para su consumo.

Por ello, el día de hoy invito al Congreso del Estado a que realicemos una convocatoria amplia e inclusiva en la que participen la sociedad civil, la academia, representantes de la Federación y de organismos internacionales para tratar este tema, del que San Luis Potosí no puede estar exento.

En este sentido, el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que comparte la preocupación de todos por la seguridad del país. Inclusive, conforme a lo señalado por él mismo, se contará con nuevas instituciones, como la nueva Secretaría de Seguridad Pública Federal y un rediseño de la estrategia que seguirán la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en las tareas de proteger a la población.

Asimismo, ha manifestado su disposición para debatir los entornos del crimen organizado relacionado a la venta ilegal de drogas.

El Gobierno del Estado estará atento a los pasos y definiciones que se estén dando en la materia en el ámbito internacional, federal y a los que adopte esta Soberanía, con la mejor disposición para trabajar coordinadamente en el objetivo de combatir y abatir el delito.

Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes.