En San Luis Potosí persiste el problema de niñas y niños que en plena calle -principalmente en los cruceros más transitados de la capital potosina- llevan a cabo diferente tipo de actividades con la finalidad de obtener algún recurso económico, la situación es más grave cuando por realizar ese trabajo no asisten a la escuela.
En recorrido por la capital potosina durante este lunes de retorno a clases, aunque al parecer con menor incidencia, pudieron observarse algunos menores de edad trabajando en las calles; en las esquinas habituales donde realizan malabares, limpian vidrios, venden dulces o piden limosna.
Los lugares más socorridos por las familias, incluidos a sus hijos menores de edad, para recurrir a la buena voluntad de las personas, son los semáforos cercanos a centros comerciales, donde es común verlos día a día realizando todo tipo de actividad para allegarse de recursos.
Los lugares visitados en este inicio de semana fueron las avenidas: Himno Nacional, Salvador Nava Martínez, Manuel J. Clouthier, Av. Chapultepec, Mariano Jiménez, Coronel Romero y 18 de Marzo, entre otras.
Las esquinas donde pudo observarse que la problemática persiste fueron Mariano Jiménez e Himno Nacional, donde una niña ofrece ramos de flores; así como Salvador Nava Martínez esquina Av. Chapultepec, donde un niño vende mazapanes, entre otros.
De acuerdo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, “todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.
Se precisa que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
La Convención sobre los Derechos del Niño prescribe, en su Artículo 3, que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.