La maternidad subrogada o vientres de alquiler, es una forma explotación reproductiva de las mujeres, pues se trata de un tipo de violencia machista contra ellas y también contra los niños y las niñas , pues los cosifica incluso antes de nacer.
Así lo señaló Nuria González López, activista española y abogada, quien refirió que incluso a esta práctica se le podría considerar una nueva forma de trata de personas, acordada ya desde incluso el inicio de los embarazos y que se basa en la falsa creencia de que las personas pueden ser transferidas.
“Es antijurídico y antiético creer eso que las personas tienen dueño y que esos dueños o esas dueñas, pueden hacer legal los vientres de alquiler, una problemática que afecta en su mayoría a mujeres que son más vulneradas, mujeres pobres, en donde nos quieren vender la idea de que el embarazo o el parto fuera algo inocuo”.
En este sentido, remarcó que también tiene que ver con quienes tienen un interés en esta práctica, atentan contra los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, romantizando que una mujer sirva “de incubadora”.
“Tiene mucho que ver con la idea de que las mujeres venimos al mundo a servir a los demás, que las mujeres hemos venido aquí a poner por delante a cualquiera, que una mujer debe sacrificarse para hacer felices a otros , es lo que hay, la romantización de una maternidad y sobre todo de la concepción de que las mujeres siempre tenemos que estar en el mundo para hacer el bien de otros, aunque nos juguemos la vida en ello”.
Sobre el contexto actual en donde la Comisión de Igualdad y Género, de Congreso del Estado analiza la iniciativa de la ciudadana Miriam Castillo Moreno, con la que se busca regular la gestación subrogada y sus distintas modalidades en San Luis Potosí, González López detalló que es una postura absurda.
Pues en San Luis Potosí el aborto no se aprueba como derecho humano de las mujeres, pero sí hay cabida para que posiblemente se apruebe el alquiler de vientres como un derecho del consumidor, en el caso de los vientres de alquiler.
“Es muy importante que la gente tenga claro que esto de los vientres de alquiler, la renta de vientres, la explotación reproductiva, no tiene nada que ver con las familias, no tienen nada que ver con el amor y tiene mucho que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la misoginia y con la violencia hacia las mujeres”.
Por ello, consideró que las activistas feministas deben formar parte de agenda que se lleva dentro del una de las comisiones del Congreso, y que se les permita ser partícipes en las mesas de análisis de esta iniciativa.
“Las mujeres no pueden estar en el mundo solo para fungir como incubadoras humanas de otras personas que simplemente se les encapricha tener un bebé. Hay que recordarles que las madres en esos procesos son víctimas. Por ello el Congreso local debería tener al menos alguna activista feminista y que sepan los legisladores que las ciudadanas no pueden ser adquiridas y no pueden ser objeto de un contrato mercantil”.