Entre las personas que han incumplido sus obligaciones y hecho caso omiso en la aclaración de sus cuentas, se encuentran más de 600 exfuncionarios; algunos de ellos con dos o hasta tres asuntos pendientes, haciendo un total de 667 créditos fiscales que deberán ser cubiertos a la brevedad. En el listado aparecen prácticamente todos los municipios del Estado y las dependencias gubernamentales que integran el Poder Ejecutivo.
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que al mismo tiempo que el personal del Instituto se encuentra concentrado en la aplicación de procedimientos de auditoría a las Cuentas Públicas 2023, se atienden otros asuntos relacionados con el seguimiento de acciones emitidas como resultado de la fiscalización a Cuentas Públicas de ejercicios anteriores; entre ellas, la liquidación de créditos fiscales pendientes de pago por parte de exfuncionarios.
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A este respecto, el Auditor Superior detalló que algunos exfuncionarios públicos se han acercado voluntariamente al IFSE incluso sin ser notificados, para informarse sobre cómo está su situación en relación con observaciones pendientes de ejercicios fiscales anteriores, “tenemos el caso del municipio de Tamuín, por ejemplo; un exfuncionario de la administración 2009 – 2012 que sabiendo tenía observaciones pendientes de solventar, se acercó de manera espontánea a resarcir en dinero, un daño por observaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2012”, puntualizó.
Asimismo, hizo un llamado a todos los exfuncionarios con cuentas pendientes en el IFSE, para que se acerquen a informar sobre su caso y de este modo, evitar la acumulación de recargos en sanciones resarcitorias, por observaciones aún pendientes de solventar. Aclaró en este sentido, que el destino de estos importes es la propia tesorería del ente que sufrió el daño o perjuicio respectivo, quedando en calidad de disponibilidades para ejercerse conforme lo establece su presupuesto.
El titular del IFSE indicó que el Área Jurídica del Instituto trabaja a marchas forzadas para abatir el rezago de los expedientes que deben remitirse a las autoridades competentes, antes de que los plazos legales fenezcan.
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