Al menos 23 ayuntamientos que concluyeron su gestión el pasado 30 de Septiembre, son investigados por el Instituto de Fiscalización Superior (IFSE) por reportar y pagar obras públicas que no existen y falsificar o inventar padrones de beneficiarios de programas sociales, lo que podría derivar en denuncias penales.

Así lo advirtió el auditor superior del estado Rodrigo Joaquín Lecourtois López al señalar que este descubrimiento corresponde solamente al ejercicio fiscal 2023 que acaba de concluir, ya que, debido a los tiempos establecidos en la ley, se tiene un retraso de un año en la revisión.

“Las anomalías las estamos identificando, desafortunadamente, la ley que rige al Instituto de Fiscalización, ocasiona que vayamos un año atrás, estamos revisando 2023 pero hemos encontrado ya ausencia de obras no ejecutadas pero sí pagadas, y se está trabajando precisamente en estos requerimientos que les va a tocar atender ahora a los nuevos presidentes municipales”.

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Expuso que “en el caso del ejercicio 2024, que va a ser ahora el más álgido, pues se va a revisar en el siguiente año y dudo que, si los alcaldes salientes trataron mal a los presidentes entrantes, éstos les vayan a ayudar a desahogar este tipo de observaciones, por eso era el momento indicado para que dejaran bien sus finanzas”.

Lecourtois López señaló que no nada mas obras pagadas que no se hicieron, sino también existen apoyos sociales donde “no encontramos padrón de beneficiarios o los falsificaron; se presume que en alrededor del 40 por ciento de ayuntamientos existió esta práctica de las obras y apoyos fantasmas”.

Manifestó que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado sigue trabajando con absoluta responsabilidad, utilizando las herramientas jurídicas que están a su alcance y vigilando siempre el buen uso de los recursos públicos, para aplicar las sanciones donde se detectan irregularidades.