Este jueves la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, María Manuela García Cázares, rindió su primer informe de actividades, en donde reiteró su compromiso para que la labor jurisdiccional contribuya a la estabilidad y la paz social de la entidad, y a garantizar el respeto a los derechos de las personas que en ella viven.
En la sesión de Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, indicó que en juzgados y tribunales suele prevalecer la disparidad de criterios en la interpretación del derecho y aplicación de las normas, “pero nos hemos comprometido con que las resoluciones que aquí se dictan sean concordantes con los estándares más altos de protección de derechos que contiene nuestro bloque de constitucionalidad, mediante la incorporación de enfoques diferenciados como la perspectiva de género, la intercultural, la de inclusión de discapacidades, la de niñez y adolescencias”.
Destacó que frente al creciente descrédito que padecen las instituciones públicas en la sociedad, se ha emprendido un trabajo de redignificación de la labor judicial, acercando el conocimiento de los derechos a la ciudadanía, pero también asumiendo que la labor institucional “se dirige a mejorar las condiciones de vida cotidiana de las personas que depositan su confianza en nuestros juzgados y tribunales, porque en nuestras actividades tratamos con asuntos que comprometen la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio y el bienestar de las personas”.
Mencionó que los esfuerzos emprendidos en este primer año se han encaminado a la consolidación de un sistema de justicia de igualdad y equidad, con una ruta encaminada a 5 ejes principales: Justicia abierta e inclusiva, Fortalecimiento del sistema de impartición de justicia, Gestión judicial con perspectiva de género y derechos humanos, Profesionalización de impartidoras e impartidores de justicia e, Innovación en tecnología y seguridad.
En cumplimiento a la función de impartir justicia, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia resolvió 653 asuntos en 54 sesiones; en las Salas de Segunda Instancia resolvieron un total de mil 778 asuntos civiles y 448 en materia penal, y sólo el 5% de las sentencias que fueron apeladas, fueron modificadas por la autoridad federal; en justicia penal fueron desahogadas 15 mil 972 audiencias, con una cifra histórica de 152 audiencias desahogadas en un solo día en la sede San Luis Potosí, y 204 en el interior de la entidad.
En lo que respecta a juzgados civiles de la Capital, tienen en trámite más de 9 mil asuntos, y desahogaron durante el año 2 mil 158 audiencias, lo cual representa el desahogo de 15 audiencias diarias en promedio. Los juzgados mercantiles tramitaron 17 mil 923 asuntos, y los juzgados familiares más de 22 mil 520, con un total de 204 convenios en sede judicial mediante los métodos alternativos de solución de controversias. En el interior del Estado, hay un total de 19 mil 366 asuntos en las diversas materias.
El Tribunal Laboral del Estado, reportó más de 3 mil 400 procedimientos, habiéndose desahogado mil 556 audiencias, lo que refleja un aproximado de ocho audiencias por día.
Desde la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, se realizaron mesas de trabajo y de coordinación interinstitucional para el monitoreo de las órdenes de protección y la respectiva evaluación de riesgo, tema en el que se emitieron mil 031 órdenes de protección, 486 por parte del Juzgado Especializado en órdenes de protección de emergencia y preventivas en favor de las mujeres y de procedimientos no controvertidos; y 545 dictadas por Juzgados Familiares y de Primera Instancia.
Así mismo, se creó el Módulo de deudores alimentarios morosos, que contaba con 36 personas deudoras alimentarias morosas inscritas al cierre del mes de noviembre.