El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, ratificó que se trata de un tema administrativo que no atendió el ciudadano Marcelino Rivera, al no subsanar en su momento las observaciones por el uso de recursos públicos por parte del órgano fiscalizador, que fue lo que motivó su inhabilitación para ocupar cargos públicos.
“Me acabo de reunir con la parte jurídica, vamos a estar pendientes de los órganos jurisdiccionales; lo que sí hay que comentar, porque hablaban de algunos atropellos por parte del Congreso, la verdad es que no ha sido así, el tema es que no han logrado identificar bien un tema electoral y un tema administrativo en lo que está inmiscuido el compañero Marcelino, y vamos a estar al pendiente de poder tener ya una resolución por parte de los órganos jurisdiccionales, todo apegado a la legalidad”.
Señaló que el área jurídica del Congreso del Estado está al pendiente de las acciones que se entablen por parte del ciudadano Rivera Rivera y del Partido Acción Nacional, para atender este tema.
Rechazó que exista cualquier intromisión de tipo político en esta situación, ya que se trata de temas administrativos, que no fueron desahogados en tiempo y forma por parte del ciudadano Marcelino Rivera ante el órgano fiscalizador, en relación a observaciones en el uso de recursos públicos cuando se desempeñó como presidente municipal de San Martín Chalchicuautla de 2012 a 2015.
“Son temas que ya venían desde hace algún tiempo, hoy el órgano fiscalizador sigue trabajando, y su trabajo es detectar y trabajar los temas de los recursos públicos; en este caso el compañero Marcelino no subsanó algunas observaciones y por eso se le está inhabilitando y nosotros como Congreso, insisto, vamos siempre a apegarnos a la legalidad”.
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Un empleo en una administración municipal, tampoco: IFSE
Los presidentes municipales que inician funciones el primero de Octubre y demás instancias públicas que contraten a colaboradores registrados en el Padrón de Funcionarios Inhabilitados, incurrirían en un delito y serán sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa e incluso un denuncia penal, advirtió Rodrigo Joaquín Lecourtois López, Auditor Superior del Estado.
Destacó que la demanda ciudadana es que se castigue a quienes tienen cuentas pendientes, “hay que privilegiar el Estado de Derecho, la responsabilidad administrativa y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos”, puntualizó Rodrigo Lecourtois.
Lo anterior, a propósito del caso del exfuncionario público Marcelino N., a quien el 23 de mayo pasado, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, notificó una resolución de inhabilitación para ocupar cargos públicos por 20 años, el pago de un resarcimiento superior a los 13 millones de pesos y una multa de aproximadamente 800 mil pesos, por concepto de las irregularidades observadas en su gestión como Presidente Municipal de San Martín Chalchicuautla, durante el período 2012 – 2015.
Fue en la auditoría practicada a la Cuenta Pública 2013, cuando la entonces Auditoría Superior del Estado detectó observaciones cercanas a los 13 millones de pesos que el expresidente municipal no pudo solventar, “pasó por un procedimiento sumamente largo en el que tuvo diversas oportunidades para comprobar este gasto y no lo hizo”, aseguró el titular del IFSE.
En vista de que la inhabilitación es de orden público, ésta se inscribió de inmediato en el Padrón de Funcionarios Inhabilitados que por ley lleva el organismo fiscalizador y se notificó puntualmente tanto al Congreso del Estado como al Centro Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, toda vez que se advirtió el nombre del exfuncionario en un listado de candidatos a elegirse en la pasada jornada electoral.
“Marcelino N. conocía el 14 de septiembre, día de la toma de protesta de los diputados de la nueva Legislatura Local, que un juez federal le negó la suspensión de la inhabilitación y ésta no ha sido revocada, nulificada, ni suspendida por alguna autoridad competente; por lo tanto, no puede tomar protesta”, indicó Lecourtois López.
Hoy por hoy la resolución se encuentra firme y es necesario aclarar que el Tribunal Electoral no es competente para resolver cuestiones administrativas, solamente electorales y estos son dos temas completamente distintos; por tal motivo, la inhabilitación sigue firme, señaló el Auditor Superior del Estado y concluyó: “expedientes similares a este caso serán presentados a las autoridades competentes a la brevedad”.
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