San Luis Potosí (OEM-Informex).— El grupo de Dignidad Magisterial, que básicamente está conformado por profesores jubilados y pensionados de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, de nueva cuenta se manifestaron en demanda por el pago completo de sus retiros, toda vez que han pasado los años y el Estado está incumpliendo en la entrega de este derecho laboral ganado. Solicitaron que el Congreso del Estado los apoye e interfiera en este asunto para que pronto se les pague.
Son diversos reclamos los que afectan a 14 mil jubilados en el estado, y que en algunos casos atañen los intereses actuales de los más de 30 mil empleados de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado en activo, SEGE.
Solicitaron la puntual intervención de los legisladores locales, así como la erradicación de diversos reclamos como el hecho de solucionar la crisis que hay en el Fondo de Capitalización Social, FONCASOL, no sólo en relación al pago de la deuda del estado a este fideicomiso y el consecuente pago a los perjudicados, sino que también inquieren en el origen de la deuda y en la correcta aplicación de los montos por hasta 115 millones de pesos que recientemente la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado le entregó a la Sección 26 del SNTE.
También los maestros quejosos solicitaron resolver la aplicación del bono de apoyo al aguinaldo y del día del jubilado, concedido por Gobierno del Estado como ex patrón de los maestros por un monto de 25 millones de pesos, mismo que se les adeuda desde hace tres años; al parecer sólo fue entregado al 60 por ciento de los docentes.
Asimismo solicitan resolver la correcta aplicación del bono de calidad de vida, entregado también sólo al 60 por ciento de los jubilados y negando al resto el recurso, con el argumento de que el gobierno del estado descontó mil 500 pesos a cada empleado en activo, sin su consentimiento expreso por escrito, según refieren los de Dignidad Magisterial.
Adicionalmente se les debe un fideicomiso denominado como el De los Jubilados, conformado en el gobierno de Fernando Silva Nieto por un monto de 20 millones de pesos, por lo que insistieron en señalar que se les seguirá cobrando a las dependencias involucradas el recurso en mención y continuarán pidiendo que el Congreso del Estado continúe observando el comportamiento del ejecutivo y solicite alguna sanción, ante el incumplimiento hacia sus derechos.
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