A través de un comunicado, las organizaciones locales que conforman el Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA), invitan al Lic. Martín Juárez Córdova, Presidente de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí; a la Dra. Mónica Liliana Rangel Martínez, Presidenta del Consejo de Salud Estatal y Secretaria de Salud del Estado de San Luis Potosí; al Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado de San Luis Potosí; al Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, Presidente del Consejo de Salubridad General y a la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación a firmar una carta que indica lo siguiente:
“El pasado 17 de abril, la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí elaboró una reforma al artículo 114 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, para que la autoridad sanitaria rastree, encuentre y aísle a cualquier persona, sospechosa o confirmada, de ser portadora de un padecimiento contagioso, auxiliándose de la autoridad de Seguridad Pública en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
Esta decisión no aportará a soluciones concretas frente a los estándares de alerta sanitaria o vigilancia epidemiológica”.
Misma organización (ONDA), considera que implementar este tipo de procedimiento no es el apto para atender una problemática de salud pública, puesto que las medidas de vigilancia policial o militar, sólo limita el derecho al libre tránsito. Además señalaron que esta reforma no aclara qué sucederá cuando las medidas de cuarentena concluyan ¿cómo se reestructurarán las fuerzas de seguridad desplegadas al auxilio de la autoridad sanitaria?, ¿cómo desocuparían el espacio público cooptado? Tampoco aclara el uso de recursos públicos para ejecutar esta reforma.
Así también manifestaron que “Consideramos que esfuerzos institucionales y los recursos económicos debieran ocuparse en abastecer personal y equipos médicos, sostener a las pequeñas y medianas empresas locales, generar una estrategia para reducir el desempleo, así como abastecer de alimentos a la población en alta vulneración ante la pandemia”
Por todo lo anterior, integrantes de sociedad civil organizada, academia, pequeñas y medianas empresas locales, medios de comunicación y ciudadanas/os solicitan que:
- a) .- No se publique en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, la reforma propuesta al artículo 114 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, por ser contraria a la garantía de Derechos Humanos.
- b).- Que todas las medidas sanitarias, legales, económicas y las correspondientes para la atención de esta pandemia por COVID-19, sean en apego a criterios de Derechos Humanos.
- c) .- Que las autoridades de la federación asesoren a las autoridades estatales y locales para que sus decisiones se basen en criterios que favorezcan a la ciudadanía a la que sirven, a fin de evitar un futuro con violaciones a derechos humanos.