La Licitación Pública Internacional del nuevo Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, concluida en abril pasado fue legal, transparente e imparcial, fundamentada en la Ley de Obras y de Servicios del Sector Público de San Luis Potosí, en la que la empresa que obtuvo la obra fue la que presentó la propuesta técnica y financiera más congruente y de acuerdo a costo de mercado, experiencia en obras de esa magnitud y calidad.
Así lo indicó Antonio Hernández Hernández, Director de Administración de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, quien explicó además que el artículo 83 de la Ley de Obras prevé un plazo posterior al fallo para que las empresas presenten alguna inconformidad que está en su derecho, “misma que no se presentaron en ese momento -7 meses-, incluso las participantes firmaron de conformidad el fallo final, lo que garantiza que los actos de licitación fueron apegados y legales”.
El Director de Administración dio a conocer que todo fue apegado a Ley, abierto y se cumplió legalmente con cada etapa realizada, incluso con actos públicos en los que se detallaron los resultados de los mismos, firmando de conformidad cada acta correspondiente las empresas que participaron.
Se registraron tres empresas en la etapa de ofertas. De los resultados de las evaluaciones a sus propuestas técnicas y económicas se desecharon a las otras dos empresas por elementos como porque presentaron propuestas técnicas incongruentes (Riesgo Técnico), no presentaron el sustento documental que permitiera evaluar su capacidad financiera, punto relevante ya que esto podría incidir en que la empresa no pudiera avanzar con la ejecución de la obra de acuerdo al programa correspondiente. Propuestas económicas insolventes, no acordes a precios de mercado (muy bajas, inconsistentes con precios de mercado), no contaban con el mínimo requerido de experiencia en ejecución de obras similares o de mayor dimensión a la que se solicitó.
Agregó que como instancia de salud, se encuentran atendiendo todos los requerimientos de información y aclaración de los diferentes entes Fiscalizadores que supervisan la correcta aplicación de los recursos asignados a Salud.
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