Luego de que se decidiera levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Tamazunchale, Matehuala y Tamuín, esta medida que ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos. La abogada y activista Urenda Queletzu Navarro Sánchez calificó esta decisión como un retroceso en los mecanismos de garantía para el acceso de mujeres a una vida libre de violencia.
La AVGM es un instrumento fundamental en América Latina que busca garantizar el derecho humano de las mujeres a vivir sin violencia. Su levantamiento, según Navarro Sánchez , no solo es prematuro, sino que carece de transparencia respecto al cumplimiento de las medidas que deberían haber sido implementadas en estos municipios.
“Es urgente entender que la violencia feminicida requiere intervención inmediata. La declaración de alerta parte del supuesto de un contexto de violencia que demanda acciones concretas del Estado para detenerla y disminuirla”, afirmó Navarro Sánchez.
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La abogada subrayó que el levantamiento de la alerta no se justifica sin evidencias claras sobre el cumplimiento de las medidas estipuladas en las declaratorias, que incluyen acceso a la justicia, reparación del daño y medidas de seguridad.
La falta de un diagnóstico claro sobre el cumplimiento de dichas medidas ha alimentado la desconfianza en la decisión del gobierno. La especialista enfatizó que las autoridades no han proporcionado un documento que respalde objetivamente el levantamiento de la alerta, lo que deja a las mujeres de estos municipios en una situación de vulnerabilidad.
“Lo que ha ocurrido parece responder más a una narrativa política que a una realidad tangible. Este tipo de decisiones puede generar un ambiente de desmovilización y desinformación que invisibiliza la verdadera magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres”, destacó.
La abogada también puso en duda la validez de los indicadores utilizados para justificar el levantamiento de la alerta, sugiriendo que la ausencia de feminicidios no es el único criterio para evaluar la violencia de género. “La comprensión de la violencia feminicida es compleja y no puede medirse únicamente por la cantidad de feminicidios reportados. Esto denota un desconocimiento de las autoridades sobre la realidad que enfrentan las mujeres”, aseguró.
Por último, Navarro Sánchez mencionó que esta decisión y la situación de las mujeres en Tamazunchale, Matehuala y Tamuín se convierte en un tema crítico que requiere la atención de la sociedad civil, así como de organismos y defensores de derechos humanos, quienes deberán seguir vigilantes ante la realidad de la violencia de género en estos municipios.
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