/ jueves 17 de enero de 2019

Lamentable la aprobación de la Guardia Nacional: Rubén Guajardo

El legislador dijo que esta agrupación militar no debería tener los deberes de policía y vigilancia

El presidente de la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura, diputado Rubén Guajardo Barrera, lamentó la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la Guardia Nacional ya que, consideró, “lejos de resolver el problema de inseguridad que vive el país, pone en riesgo la libertad y viola los derechos humanos de los mexicanos”.

El legislador dijo que esta agrupación militar no debería tener los deberes de policía y vigilancia y se mostró a favor del respeto a las libertades de cada Estado para diseñar su propio plan de seguridad, ya que éstos se deben llevar a cabo por cada una de las policías locales en coordinación con las fuerzas federales. Sin embargo, destacó que la Guardia Nacional no contempla participación, sino que confronta a las diversas estructuras policiacas.

Sobre el dictamen aprobado en el Poder Legislativo Federal, Guajardo Barrera se mostró en contra de que no se aceptaran ni siquiera a discusión la mayoría de reservas que se presentaron por parte de la oposición, ya que con éstas se podía lograr un mando civil que no dejara lugar a dudas de un posible autoritarismo.

Señaló que dentro de lo aprobado se contemplan atribuciones para la Guardia Nacional que eran únicamente del Ministerio Público y de autoridades locales, lo cual representa un golpe para el Federalismo, debido a que se centralizan todas las tareas en el gobierno federal.

Guajardo Barrera defendió las posiciones de Acción Nacional en torno a este tema y remarcó que la mejor forma de hacer frente a la inseguridad es invirtiendo de manera inteligente, por eso consideró se deben incrementar los fondos públicos para mejorar las condiciones de las fuerzas locales.

Dijo que los diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí establecerán su postura en torno a la aprobación de los legisladores de Morena y del PRI en el tema; y se mantendrán vigilantes para denunciar cualquier acto de abuso de poder y violación a los derechos humanos de las y los potosinos.

El presidente de la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura, diputado Rubén Guajardo Barrera, lamentó la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la Guardia Nacional ya que, consideró, “lejos de resolver el problema de inseguridad que vive el país, pone en riesgo la libertad y viola los derechos humanos de los mexicanos”.

El legislador dijo que esta agrupación militar no debería tener los deberes de policía y vigilancia y se mostró a favor del respeto a las libertades de cada Estado para diseñar su propio plan de seguridad, ya que éstos se deben llevar a cabo por cada una de las policías locales en coordinación con las fuerzas federales. Sin embargo, destacó que la Guardia Nacional no contempla participación, sino que confronta a las diversas estructuras policiacas.

Sobre el dictamen aprobado en el Poder Legislativo Federal, Guajardo Barrera se mostró en contra de que no se aceptaran ni siquiera a discusión la mayoría de reservas que se presentaron por parte de la oposición, ya que con éstas se podía lograr un mando civil que no dejara lugar a dudas de un posible autoritarismo.

Señaló que dentro de lo aprobado se contemplan atribuciones para la Guardia Nacional que eran únicamente del Ministerio Público y de autoridades locales, lo cual representa un golpe para el Federalismo, debido a que se centralizan todas las tareas en el gobierno federal.

Guajardo Barrera defendió las posiciones de Acción Nacional en torno a este tema y remarcó que la mejor forma de hacer frente a la inseguridad es invirtiendo de manera inteligente, por eso consideró se deben incrementar los fondos públicos para mejorar las condiciones de las fuerzas locales.

Dijo que los diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí establecerán su postura en torno a la aprobación de los legisladores de Morena y del PRI en el tema; y se mantendrán vigilantes para denunciar cualquier acto de abuso de poder y violación a los derechos humanos de las y los potosinos.

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