La población tienen derecho a vivir en un entorno familiar seguro: diputada

Es necesario reconocer que las personas no solamente tienen derecho a la salud, nutrición y educación, sino también a la protección, a no ser objeto de violencia y explotación y a vivir en un entorno familiar seguro, expuso la diputada Guillermina Morquecho Pazzi.

Agregó que el derecho a vivir en un entorno familiar seguro forma parte del catálogo de los derechos humanos que deben reconocerse ya que el mismo se encuentra inmerso en diversos tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

La "Convención de Belém do Pará"; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979) y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, deriva de los derechos a la vida, salud e integridad física establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, la legisladora Guillermina Morquecho Pazzi presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potos, con el objetivo de establecer que la familia constituye la base fundamental de la sociedad. Las mujeres; las personas con discapacidad; los adultos mayores; y las niñas y los niños, tienen derecho a un entorno familiar seguro, y serán objeto de especial protección por parte de las autoridades, dictándose las disposiciones legales necesarias al efecto, las cuales serán de orden público e interés social.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se señala que según datos de la OMS, cada año hay 40 millones de niños menores de 15 años que son dentro de su propia familia víctimas de maltrato o abandono cuya gravedad exige atención médica. La movilización social en torno a los derechos del niño generada durante el decenio ha dado a conocer mucho mejor la magnitud y la urgencia de este problema; en muchos países se han adoptado nuevas medidas para luchar contra los abusos físicos y sexuales. Algunas tienen por objeto proteger a los niños, otras a las mujeres y las niñas.

La violencia contra la mujer y la violencia contra los niños están relacionadas: la violencia contra las madres tiene graves consecuencias psicológicas en los niños de la familia, contribuye a la desintegración de ésta y perpetúa el ciclo de la violencia. No obstante, las niñas no son las únicas víctimas; también están muy extendidos los malos tratos infligidos a niños y ahora, hasta a los adultos mayores.

Actualmente se adoptan medidas importantes para luchar contra este tipo de abuso doméstico, como por ejemplo programas de concientización, líneas de atención telefónica y/o albergues para personas que huyen de situaciones de malos tratos; reformas jurídicas, comprendido el incremento de las penas aplicables a los responsables, la obligación de que los profesionales informen de los abusos, nuevos procedimientos para proteger a las víctimas del suplicio que supone tener que dar un testimonio directo en las investigaciones y los juicios penales y la sensibilización de la autoridad que conoce de los mismos.

La mayoría de los programas incluyen un componente concebido para facilitar a las víctimas ayuda psicosocial y, cuando procede, asistencia médica. Muchos gobiernos cooperan estrechamente con las ONG´s en esta esfera. En el caso de los menores, se pone especial énfasis en una protección especial, asistencia y cuidados alternativos especiales. Procurando su internamiento como último recurso.