La diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez afirmó que la aplicación de la justicia sigue siendo muy lenta cuando se trata de resolver feminicidios, pues incluso “hay que tener buenos contactos para que las cosas fluyan, lo cual definitivamente no debería de ocurrir”.
En los últimos cinco o seis años se ha disparado el número de feminicidios en San Luis Potosí y las causas pueden ser muy variables, pero finalmente lo que importa es que las mujeres mueren y la mayoría de los casos queda en la impunidad, generando una gran impotencia entre los ciudadanos.
“Tenemos un alto índice de feminicidios y, han sido muy pocos los responsables que han sido puestos a disposición de las autoridades o consignados, lo que demuestra que la justicia es muy lenta, parcial y hay que tener contactos para que los casos puedan avanzar”, señaló la diputada.
La legisladora Benavente Rodríguez aseguró que el incremento de actos de violencia en contra de las mujeres tiene, en muchos casos, qué ver con las condiciones que genera la pandemia de COVID-19, ya que tienen qué convivir con sus potenciales agresores y a veces no encuentran la manera de denunciar a tiempo.
Por su parte, la diputada Marite Hernández Correa, presentó junto con familiares víctimas de feminicidio y sociedad civil una propuesta para declarar el día 14 de mayo de cada año como día “Por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio”.
La iniciativa surge de la necesidad ciudadana de familiares víctimas de feminicidio, la cual consideró que es una propuesta viable, fundamentada y necesaria para la sociedad potosina, así como un acto de sensibilidad de parte del Poder Legislativo, pues los femicidios son un tema urgente que debe de tratar la autoridad de manera inmediata.
Hernández Correa explicó que, en el marco de esta conmemoración, los tres Poderes del Estado, y los 58 ayuntamientos, con base en presupuesto asignado, organizarán y realizarán eventos, foros, conferencias y cualquier otra actividad que sensibilice la problemática tanto del acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias, como de la violencia contra las mujeres como un impedimento para garantizar el acceso pleno a sus derechos humanos.
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