Con la reciente aprobación de la Ley de Juntas de Participación Ciudadana las antes llamadas “Juntas de Mejoras” tienen, ahora, un enlace directo con el Ayuntamiento de la capital y sus integrantes podrán definir obras y acciones para sus colonias e, inclusive, tendrán personalidad jurídica. Un mayor involucramiento de la ciudadanía en la vida pública, dicen.
Sin embargo, sus integrantes también deberán promover la cultura de la legalidad y la transparencia, la participación en las actividades de beneficio para la comunidad, el cuidado y buen uso de los bienes públicos, así como presentar propuestas que impacten en mejores condiciones de vida para la población y apoyar a las autoridades en las acciones de desarrollo para la comunidad.
Al cerrar esta semana la convocatoria, se registraron diversas planillas para las 284 Juntas de Participación Ciudadana, cuyos aspirantes tienen ahora un tiempo determinado para el respectivo proselitismo y, luego, dar paso a la elección -que se realizará en los próximos días-, que las autoridades destacan será ahora con mayor transparencia y legitimidad, toda vez que se realizará bajo mecanismos y normas establecidos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
Se dio a conocer que las Juntas estarán conformadas por presidencia, vicepresidencia, secretaría y tres vocales, con sus respectivos suplentes, con respeto a la equidad de género, por lo cual las planillas deben integrarse por igual número de hombres y de mujeres -sin discriminación en razón de edad, sexo, género, orientación e identidad sexual, raza, religión, etnia, grupo indígena o cualquier otro-, con equilibrio también en la importancia de los cargos; de acuerdo con los registros de planillas, la gran mayoría de las planillas es encabezada por mujeres.
En lo que resta de esta semana, el Ayuntamiento capitalino analizará y emitirá los dictámenes de procedencia o improcedencia de las planillas registradas.
Las Juntas de Participación Ciudadana son ahora organismos de representación, con personalidad jurídica, con capacidad para establecer acuerdos y convenios con el fin de promover la vinculación de las autoridades con la ciudadanía y es responsabilidad de los gobiernos municipales recibir, atender y resolver, por medio de las direcciones u organismos, las peticiones que presenten, en algunos casos en coordinación con el Gobierno del Estado.
